Hace dos años, Martín Juárez Reyes fue despedido injustamente del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y hasta el momento no han atendido su denuncia.
Aseguró que prestó sus servicios como asesor, en el municipio de Trancoso, durante 26 años, en los que atendió a alrededor de 5 mil adultos, a quienes les pidió sus firmas para atestiguar que fue parte del instituto, pues no tiene en su poder el contrato.
El afectado detalló que se enteró de su despido a través de sus compañeros, pues en un grupo de WhatsApp, del que no era integrante, se informó que sus servicios y las de otros 13 asesores ya no eran requeridos; aunque Juárez Reyes fue el único que inició un proceso legal.
Detalló que su principal exigencia es que el INEA le realice el pago de 3 mil pesos, montó que se le debe de las últimas asesorías que realizó.
Señaló que durante los 26 años de servicio no tuvo ninguna prestación social al ser un empleado por contrato, que era renovado cada seis meses.
Juárez Reyes reprochó la falta de atención y seriedad por parte de los abogados de la Defensoría Pública, ya que ninguno ha dado atención a su caso y sólo dejan pasar el tiempo.
Lo anterior ya que durante los dos últimos años que va de su proceso legal, la dependencia le ha cambiado cinco veces de representante legal y ninguno le ha podido dar solución a su caso.
