CDMX. Una queja contra el daño ambiental que ocasiona la producción de aguacate mexicano fue reactivada en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Conforme el recurso presentado ante la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, México incurre en omisiones para la aplicación efectiva de sus leyes ambientales que logren evitar esos daños.
El peticionario, cuya identidad se reserva, sostiene que México incumple la protección de recursos forestales e hídricos en Michoacán ante el impacto ambiental y la deforestación causados por la ininterrumpida expansión de las plantaciones de aguacate.
Indica que, de acuerdo con estudios sobre cambio de uso de suelo forestal en la meseta purépecha, entre 1976 y 2005 los municipios de la región perdieron entre 25 y 35 por ciento de su superficie de bosques.
«Diversos especialistas refieren que el ritmo de deforestación y crecimiento de la superficie de aguacate se ha magnificado de 2005 a 2021, lo que puede generar cifras muy preocupantes, por la falta de regulación adecuada, políticas públicas, así como de acciones de protección y preservación ambiental», apunta la petición SEM-23-002.
Además, advierte, el uso indiscriminado de plaguicidas en la zona aguacatera de Michoacán ha ocasionado, entre otras cosas, la contaminación del agua.
«El uso excesivo de químicos, fertilizantes y pesticidas afecta los mantos freáticos y contamina los ríos y arroyos de la región aguacatera. Ello impacta a las tierras, comunidades y personas de muchos kilómetros río abajo», señala.
La producción del aguacate en Michoacán, advierte, se realiza en un entorno de debilidad institucional y regulatoria, que genera «informalidad ambiental».
Y no hay registro, reprocha, de coordinación administrativa ni construcción de política pública conjunta entre instancias federales como la Semarnat, la Profepa y la Secretaría de Agricultura con el Gobierno de Michoacán.
«El Secretariado de la CCA revisará la petición en un plazo de 30 días y determinará si cumple con los requisitos del artículo 24.27 (1), (2) y (3) del T-MEC», indicó en un comunicado.
Los requisitos incluyen, además de aspectos formales, la presentación de pruebas documentales del presunto incumplimiento de la ley.
La CCA es un órgano creado por Tratado de Libre Comercio de América del Norte y mantenido por el T-MEC.
Está facultada para recibir peticiones -denuncias- sobre presunto incumplimiento de la legislación ambiental de Canadá, Estados Unidos y México y, en su caso, publicar expedientes de hechos, pero no para aplicar algún tipo de sanción.
