CIUDAD DE MÉXICO. Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, cuestionó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, porque presume tener pruebas de la corrupción del ex presidente Enrique Peña Nieto y no procede en su contra.
Durante la audiencia de ayer, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio, la mujer dio lectura a una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que vuelve a cuestionar que su hijo esté preso y no los ex funcionarios a los que denunció.
«Señor Presidente: ¿Por qué mi hijo siendo testigo colaborador y habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, está en la cárcel?, ¿por qué se nos persigue a las mujeres de la familia, siendo inocentes?, y ¿por qué no se ha llamado a los verdaderos responsables a comparecer?», cuestionó al final de la audiencia, en la que participó por videoconferencia.
«Usted ha dicho siempre ‘no soy tapadera de nadie’ y nosotros confiamos que usted quiere que se conozca la verdad. Lo ha reiterado en múltiples ocasiones ¿por qué señor Presidente, si en más de dos ocasiones, también en la mañanera, el licenciado Pablo Gómez, titular de la UIF, ha manifestado que tiene pruebas suficientes en contra del ex Presidente Peña Nieto y no se ha procedido, dejando pasar un tiempo muy valioso?».
«Estoy segura que usted señor Presidente, siguiendo sus valores de justicia, morales, cristianos y éticos, cumplirá lo que públicamente ha prometido varias veces».
La madre del ex director de Pemex se encuentra procesada en prisión domiciliaria y ayer la Fiscalía General de la República (FGR) pidió formalmente imponerle 21 años con 3 meses de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht.
En su misiva, Austin y Solís manifiesta al Presidente que sigue sin saber por qué hace un año el Gobierno Federal dio marcha atrás, cuando estaba a punto de firmarse el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad que significaría para ellos la suspensión condicional de los procesos y la libertad.
«Respetuosamente me dirijo a usted, recordándole que en varias mañaneras, ha manifestado que está de acuerdo que en el caso de mi hijo Emilio, siendo testigo colaborador y valiente como usted lo ha expresado, por haber denunciado a varios ex funcionarios del sexenio pasado que incurrieron en sobornos para lograr la Reforma Energética, pueda acceder a un criterio de oportunidad, con la cantidad fijada, tanto por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la empresa Pemex», expuso.
«Hace casi un año, en abril del año pasado, se iba a firmar, pero una hora antes de la junta se suspendió por alguna razón que nunca se nos explicó».
En su intervención, la señora también expresó su complacencia con el juez de control Gerardo Alarcón López, por conducirse conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defender los derechos humanos, el secreto bancario y la vida privada de los ciudadanos.
Desde el viernes, el juez Alarcón excluyó la información bancaria que entregaron Suiza y Brasil a la FGR, para acreditar los supuestos sobornos de Odebrecht al ex director de Pemex.
Dichos documentos son clave para acreditar los delitos de Lozoya y su cancelación significa un descalabro para la FGR que pone en riesgo su pretensión de que el ex funcionario sea condenado por los ilícitos que le atribuyen en esta causa judicial.
Nota: Abel Barajas
Foto: Agencia Reforma