El proyecto de reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) establece un tope de pensiones de hasta 10 Unidades de Medidas de Actualización (UMAS), que son menos de 32 mil pesos mensuales, además de que los derechohabientes hagan una aportación para su aguinaldo.
En tanto, el instituto ya pagó 49.4 millones de pesos para el aguinaldo correspondiente al 2021 para alrededor de mil 200 pensionados que demandaron y hay otra cantidad similar de trabajadores retirados a los que todavía no se les ha podido pagar la prestación.
Ignacio Sánchez González, director del Issstezac, insistió en que si se da la extinción de la empresa paraestatal por la falta de solvencia serán los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los que enfrenten el problema para pagarle a los derechohabientes sindicalizados.
Explicó que esta disposición viene en el artículo 128 de la ley del Issstezac, que indica que el otorgamiento de las prestaciones estará sujeto a la capacidad financiera del instituto y cuando ésta no sea suficiente se cubrirá “proporcionalmente por los entes públicos”.
Necesarias, aportaciones
Otra de las propuestas de reforma es incluir un factor de integración, como se maneja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que se haga la aportación correspondiente al aguinaldo. Y es que, por ahora, el fondo de pensiones recibe aportaciones de 12 meses, pero les paga 14 a los pensionados, por los 60 días de aguinaldo.
Sánchez González también reveló que otro punto en el proyecto de reforma es la complementariedad de pensiones, y expuso que para el límite de 10 UMAS por mes, incluirá la suma que el pensionado reciba del Issstezac y del IMSS.
El director del instituto indicó que el esquema de pensión del IMSS da un aguinaldo de 30 días, el del ISSSTE es de 40 días y cuestionó el por qué la burocracia estatal retirada tenga 60 días.
Por ahora este proyecto de reestructura al fondo de pensiones se discutirá en la junta directiva del organismo. Si se aprueba pasará a la Coordinación Jurídica del gobierno del estado y de ahí al Ejecutivo. Posteriormente, se discutiría en el Congreso.