CDMX. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que busca homologar los procesos en todo el País para la resolución de controversias entre particulares.
El proyecto, que previamente avaló el Senado de la República, fue aprobado sin modificaciones por unanimidad, con 30 votos, en medio de señalamientos de diputadas de oposición por la falta de claridad respecto a los recursos que garantizarían su implementación, sobre todo en los estados del País.
El nuevo Código cuenta con mil 191 artículos y 20 transitorios y considera un periodo para su entrada en vigor de cuatro años. Busca homologar las normas procesales en materia civil y familiar que representan el 70 por ciento del total de los juicios en el País, además de que incorpora nuevos principios y figuras con el objetivo de agilizar la resolución de controversias entre particulares.
La minuta que fue enviada a la Mesa Directiva para su programación privilegia la solución de conflictos sobre los formalismos procesales, la oralidad como principio rector de los procedimientos civiles y familiares y plantea la obligación de los juzgadores de hacer uso de la justicia alternativa en la solución de controversias.
Señala que la autoridad deberá ajustar los procedimientos cuando se trate de personas pertenecientes a grupos vulnerables y obliga a juzgadores a actuar sobre la base de proteger los intereses de la familia, de los adultos mayores, de niñas, niños y adolescentes, de personas con discapacidad y cualquier otra persona en condición de vulnerabilidad.
Plantea también como principios rectores de la justicia civil y familiar la concentración, que obliga a desahogar la mayor cantidad de actuaciones en una sola diligencia o en el menor número de ellas, la colaboración, la continuidad, para que las audiencias sean ininterrumpidas, la contradicción, la dirección procesal, la igualdad procesal, la lealtad procesal, la oralidad y la perspectiva de género.
Además, indica que el Poder Judicial federal y de los estados habilitarán sistemas de justicia digital con diseños y formatos accesibles, así como una Oficialía de Partes Común, a través de la cual se presentarán los escritos de demanda o promociones posteriores de manera electrónica o escrita y abre la posibilidad de celebrar audiencias virtuales.
Propone que en los juicios que versen sobre alimentos, derechos de niñas, niños y adolescentes, controversias familiares o por violencia familiar, todos los días y horas sean hábiles, prohíbe a las autoridades jurisdicciones aplazar, dilatar o negar resoluciones, salvo en los casos previstos por la ley y regula las acciones colectivas, además de que reduce de 30 a 15 el número de personas que pueden interponerlas.
El nuevo Código busca normal también un procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición de personas y así como agilizar los procesos de adopción.
Para la diputada del PRI, Carolina Viggiano, el Código es un instrumento legal de gran calado, porque el derecho civil está presente en todas las esferas, en tanto que la justicia cotidiana es uno de los asuntos con más presencia en las jurisdicciones locales.
La también secretaria general del tricolor dijo que su diseño y eventual aprobación será uno de los pasos más trascendentes de la actual Legislatura; no obstante, subrayó que la minuta no establece de dónde saldrán los recursos que garanticen la implementación de la nueva legislación.
«Creo que la falla que hemos tenido en todas las reformas que hemos hecho ha sido, sin duda alguna, la implementación, porque no ha ido acompañada de recursos y no ha ido acompañada de muchos mecanismos que se requieren para que las cosas funciones, ya nos pasó con el Nuevo Sistema Penal», indicó.
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, coincidió en que si bien el nuevo Código es una legislación de gran calado, es injusto que se les deje a los estados la obligación de garantizar los recursos para su implementación.
«Dejar en manos de los estados la condición económica para financiar este gran proyecto resulta a veces casi injusto, porque sí es responsabilidad mayormente de la Federación responder a la necesidad de la implementación de todos los mecanismos de modernidad de todo el País», afirmó.
Recordó que entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero registran rezagos importantes y dejarlos solos en esta tarea representaría que sigan rezagados.
«No cuentan ni contarán en cuatro años con los recursos para la implementación de este Código», reiteró.
La vicecoordinadora de Morena, Alaida Alavez, consideró que la envergadura del nuevo Código es mayor a la de cualquier otro ordenamiento que se haya aprobado en la actual Legislatura, porque está relacionado con la justicia de proximidad, lo que facilita la convivencia armónica y la paz social.
«La envergadura de este Código es mayor a la de cualquier ordenamiento que hayamos expedido durante esta Legislatura, pues se relaciona con la justicia, con la justicia más cercana a las personas, con aquella que podríamos decir que es justicia de proximidad», dijo.
El Código es aprobado con cuatro años de retraso. Surge como parte de la reforma constitucional sobre justicia cotidiana publicada el septiembre de 2017 y que otorgó al Congreso de la Unión un plazo de 180 días para expedir el Código en la materia, plazo que venció el 15 de marzo de 2018.
Ante el incumplimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a un particular y ordenó al Congreso expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares antes del 15 de diciembre de 2021, pero ese plazo tampoco se cumplió.
