CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal empuja ahora una reforma que le permitiría terminar contratos con empresas privadas de manera anticipada, unilateral y sin resarcimiento de daños.
Su propuesta, enviada ya a la Cámara de Diputados donde tiene mayoría Morena y sus aliados, modificaría un total de 23 leyes para poder incluir obligatoriamente en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones y obra pública una «cláusula exorbitante» o de terminación anticipada.
«(Salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: La revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad o integridad de las personas e instituciones nacionales», indica la propuesta de artículo 11 Bis para la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Y en los casos en los que sea obligatorio el pago de indemnizaciones, como resultado de procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador busca poner limites a los montos para evitar «reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas» en contra del Estado mexicano, tanto en instancias mexicanas como extranjeras.
Argumenta que tan sólo de 2011 a 2019, los montos de pago de indemnizaciones aumentaron 500 por ciento, producto de resoluciones de tribunales arbitrales internacionales.
«En 2020, en procedimientos de arbitraje contra el Estado mexicano iniciados en años anteriores, se ordenó el pago de cerca de 4 mil 271 millones de pesos a valor actual como indemnización a empresas privadas, suma que equivale a 10 veces el presupuesto de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud para ese año», refiere la iniciativa con base en estudios de organizaciones civiles que han revisado el tema.
La iniciativa plantea también modificar el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para establecer que los proyectos prioritarios identificados como «de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país y los relacionados con la defensa y la seguridad nacionales, pueden realizarse sin los permisos legales respectivos.
«Dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía o expropiaciones de inmuebles, podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate de manera simultánea al inicio de la obra en tres supuestos», establece la iniciativa enviada el pasado 23 de marzo a la Cámara de Diputados.
