CDMX. Organizaciones civiles propusieron a la Cámara de Diputados reformar la Ley de Migración para evitar la detención de migrantes, crear un Tribunal Administrativo Migratorio que revise las resoluciones de las autoridades en la materia y replantear los acuerdos con Estados Unidos en materia de deportaciones.
A 22 días del incendio en una sede el Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, más de 70 organizaciones entregaron este martes a la Comisión de Relaciones Exteriores el decálogo Diez Medidas Urgentes para la Migración Segura, Ordenada y Humana en México.
De acuerdo con el documento, cerca de 300 millones de personas en el mundo viven en un país distinto a aquel en el que nacieron y México, por su posición geográfica, cuenta con todas las caras de la migración, ya sea como país de origen, destino, tránsito, retorno y desplazamiento interno.
Se advierte que en los últimos años, los patrones migratorios en el país se han modificado, particularmente los relacionados con el refugio, porque muchas personas que antes únicamente transitaban por el territorio nacional, ahora permanecen en él.
Como ejemplo, se señala que el número de solicitudes de refugio se incrementó de 3 mil 423 en 2015 a 118 mil 470 en 2022.
A pesar de ello, se agrega, sólo uno de cada cuatro solicitantes obtienen una respuesta positiva, en tanto que contingentes de diversas nacionales, como venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos, ecuatorianos y de países del Triángulo Norte de Centroamérica han llegado, transitado y permanecido por periodos prolongados en México.
En el documento se plantea la necesidad de reformar la Ley de Migración para evitar la detención por más de 36 horas de las personas en movilidad y establecer la detención como una medida excepcional.
También se destaca la necesidad de transformar, equipar y mejorar las 56 estaciones migratorias permanentes y provisionales del INM, de acuerdo con sus necesidades y flujos, para ello, propone fortalecer procesos de capacitación en materia de proximidad social, perspectiva de género, infancia y atención a grupos vulnerables.
Además, se propone realizar cambios estructurales para la mejora administrativa y gestión del INM en las áreas de protección, asistencia, control y verificación migratoria con perspectiva humana.
Las organizaciones sugieren la creación de un Tribunal Administrativo Migratorio, cuya función sería revisar los resolutivos de la autoridad migratorio y dar garantías al debido proceso.
Ese Tribunal, precisan, deberá ser una instancia autónoma y especializada.
Otra propuesta es replantear acuerdos relacionados con la migración en el marco de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
«Reconsiderar los acuerdos por medio de los cuales México acepta las deportaciones vía título 42, de personas de siete países. Política que, entre otras cosas, afecta de manera significativa a aquellos que tienen un eventual casi de asilo o de refugio en Estados Unidos, al impedir que se haga un correcto análisis de mérito y condiciones de las personas».
Proponen mejorar y fortalecer la política de refugio en México y la capacidad del Estado, particularmente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para facilitar, agilizar y mejorar los procesos de refugio.
Asimismo, invertir recursos y capacidades en el desmantelamiento de grupos criminales dedicados a la trata de personas y asegurar el correcto desenvolvimiento de proceso penales en contra de personas que resulten responsables de este delito.
Las organizaciones también plantean la implementación de campañas de concientización y de sensibilización en materia de no discriminación, establecer brigadas móviles de atención integral en los puntos de mayor concentración migrante para brincar atención médica, de salud mental, asesora jurídica y redes de apoyo y priorizar y fortalecer la atención a la niñez migrante no acompañada, lo que incluye revisar las funciones del DIF con respecto a niños y familias migrantes.
