CDMX. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó el freno temporal que impuso un juez a la reestructuración de una parte del Instituto Nacional Electoral (INE), prevista en la reforma electoral conocida como el «Plan B», impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional dictada por Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, señalan registros judiciales.
El pasado 24 de marzo el juzgador suspendió la desaparición de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE y el traspaso de sus funciones a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, como lo establece el «Plan B».
El fallo fue emitido el mismo día en que el ministro Javier Laynez Potisek dictó una suspensión por tiempo indefinido contra la misma reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así de otras leyes secundarias. La Consejería Jurídica y el Senado también impugnaron esa decisión.
El juez Rebolledo Peña consideró que las razones de la reforma para modificar la estructura del Instituto -como el despilfarro de recursos, el abaratamiento de la operación y la disminución de la burocracia- son dogmáticas y genéricas porque carecen de análisis concretos.
Por eso estableció que, de momento, el «Plan B» no debe ser aplicado en los procesos electorales de este año del Estado de México y Coahuila.
Esta suspensión fue concedida en un amparo promovido contra la reforma por Marisol Duarte Martínez, jefa de Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la citada Unidad, a quien el juez también ordenó mantener el el cargo.
La queja de la Consejería, registrada en la lista de acuerdos de este lunes, fue turnada por el juez Rebolledo a un tribunal colegiado en materia administrativa de esta ciudad, para que determine si modifica los alcances, confirma o revoca la suspensión provisional.
El juez Rebolledo tiene previsto celebrar el próximo 17 de abril la audiencia incidental en la que definirá si concede o no la suspensión definitiva.
En caso de que el colegiado resuelva la queja antes de esa fecha, es muy probable que el juzgador determine la medida cautelar con el mismo criterio que emita el colegiado.