CIUDAD DE MÉXICO. Un año tres meses después de la muerte de 56 migrantes en un tráiler que volcó en Chiapas, otra tragedia volvió a ocurrir ahora en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Encerrados y dejados a su suerte bajo el fuego, así fallecieron 39 migrantes el pasado lunes 27 de marzo en un centro de detención del Instituto Nacional Migración (INM) en esa localidad fronteriza.
De inmediato, surgieron condenas por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como partidos de Oposición, no así del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Primero, el Mandatario federal culpó a migrantes de quemar el lugar: «Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados».
Como protesta, agregó, «pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia».
El titular de Gobernación, Adán Augusto López, en quien recaen las responsabilidades legales de las instituciones migratorias, señaló al Canciller Marcelo Ebrard como el encargado de esa tarea.
Y Ebrard, a quien un decreto le transfirió la coordinación migratoria, pidió preguntar al INM por los trágicos hechos. Tras conocer los dichos del titular de Segob, y casi 24 horas después de la tragedia, tuiteó: «Es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora».
Conforme a evidencias y testigos, los migrantes fueron encerrados con candado y, al iniciarse un motín, la agente que tenía las llaves desapareció.
Tras pasarse la bolita, el Gobierno federal designó a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como vocera del caso.
En tres conferencias consecutivas con la Fiscal Sara Irene Herrerías, informó que hay cinco imputados: tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, un guardia de una empresa de seguridad privada y un migrante venezolano -quien supuestamente inició el incendio, a quienes les dictaron prisión preventiva.
La Secretaria también dijo que abrieron proceso sancionador y multarán a la empresa de seguridad que operaba en la sede del INM en Ciudad Juárez tras hallar diversas irregularidades, como que sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el INM era por 503 empleados en instalaciones ubicadas en 23 estados.
Jorge Vázquez Campbell, abogado defensor de las víctimas de la tragedia, acusó al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), el contralmirante Salvador González Guerrero, de ordenar dejar encerrados bajo llave a los migrantes, por lo el mando que fue llamado a declarar ante la Fiscalía General de la República.
Apenas este 31 de marzo, el Presidente López Obrador aseguró que esta tragedia es uno de los casos que más le ha afectado en su sexenio.
«Yo les digo algunas cosas, primero, lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado», dijo en su conferencia mañanera.
«Yo he tenido momentos difíciles, de los más difíciles, fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente, y luego este, este me conmovió, me partió el alma», dijo en conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Nayra Rivera Vazquez – Agencia Reforma
