El número de migrantes muertos por el trágico incendio en una sede migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, subió a 40, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En una tarjeta informativa, la dependencia federal indicó que esta víctima perdió la vida en el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación.
«Lamentablemente, una de las víctimas perdió la vida al llegar al CENIAQ, por lo que al momento se registran 40 personas fallecidas y 27 heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas», señaló.
El migrante fallecido, cuyo nombre no fue revelado, había sido trasladado vía aérea a la clínica especializada de la Ciudad de México, junto con otros migrantes graves, para su atención médica.
La SSPC afirmó que se tomó la decisión de trasladar a seis pacientes a la CDMX -incluida la víctima número 40- derivado de la valoración médica de especialistas del propio CENIAQ.
Los pacientes graves fueron trasladados al CENIAQ y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en ambulancias aéreas de las Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, así como del IMSS.
«La Secretaría de Salud reporta que este lunes continuará el arribo de más víctimas a la capital del país, a fin de que reciban la atención especializada que requieren, dada su condición de salud», agrega la tarjeta.
En el caso de los pacientes en estado de pre-alta, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del IMSS en Ciudad Juárez.
«Lo que nos permitirá tener en un mismo espacio a quienes presentan una mejoría notable. Así se podrá avanzar en los trabajos que realizan la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas», agrega.
«Cuyo personal entrevista a las víctimas y, esta última, les brinda asistencia a ellas y a sus familias. En ese lugar también es posible realizar los trámites migratorios correspondientes y reencontrarse con sus seres queridos».
La empresa
La empresa CAMSA, que daba servicio de vigilancia en la estación migratoria, disparó su número de empleados registrados ante el IMSS, tras la tragedia registrada el pasado 27 de marzo.
Según el reporte, hasta enero de este año Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. tenía registrados 30 trabajadores ante esta institución, cifra que aumentó a 44 en febrero.
Sin embargo, el 31 de marzo, es decir cuatro días después de la tragedia, la compañía de seguridad dio de alta 417 trabajadores. De esta manera, al momento suman 478 empleados dados de alta en el sistema del IMSS.
«Ante ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía. Esta información está en manos de la Fiscalía General de la República para las investigaciones a que haya lugar», precisó la SSPC.
Del análisis realizado por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación a los contratos con CAMSA, se detalló que un primer contrato, con vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, ascendió a 151 millones 439 mil 389 pesos.
El INM dio «continuidad» a este contrato y, para el periodo de 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023, se estableció uno nuevo, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones.
«Este contrato será rescindido», reiteró la SSPC, «el Instituto no ha erogado cantidad alguna para este último e incluso el 28 de marzo dio vista al Órgano Interno de Control por las irregularidades de la empresa».
«Para el caso del convenio modificatorio de 2023, que cubrió el periodo enero y febrero, el monto erogado fue de 29 millones 335 mil 668 pesos, con 503 elementos por turno*, agregó la SSPC.
De las actuaciones realizadas por la Cancillería, la SSPC destacó que se ha informado a las naciones «hermanas» de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela sobre el apoyo que se brinda a sus connacionales y la coordinación para atender a los afectados de la tragedia.
También se llevó a cabo una reunión del llamado Grupo de Acción Inmediata (GAI) con personal del Gobierno, la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y representantes de dichos países.
«Reiteramos que en este Gobierno estamos por el respeto a los derechos humanos. Por eso insistimos en que no habrá impunidad para nadie que resulte involucrado», recalcó la Secretaría.
«Lo ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, es un hecho muy doloroso para nuestro país, así como lo es para las naciones hermanas de donde son originarias las víctimas de esta terrible tragedia».
«Como gobierno, tenemos una política de cero corrupción y cero impunidad, por lo que llegaremos hasta las últimas consecuencias. No se protegerá a nadie. La política migratoria se basa en el principio de respeto a los derechos humanos».
Antonio Baranda
Agencia Reforma