EPÍGRAFE:
“La avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona
en un esfuerzo interminable por satisfacer sus necesidades,
sin llegar nunca a conseguirlo”
Erich Fromm
Aunque la ya muy cercana jornada electoral del domingo próximo está acaparando la atención de ciudadanos y analistas, bien vale hacer un último repaso de lo sucedido el 19 de mayo en torno a la expropiación de tres tramos de vías ferroviarias (ubicados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec), concesionadas a Ferrosur del Grupo México, del cual es accionista mayoritario el empresario Germán Larrea.
Los tramos pertenecen a la ruta del Transístmico que va de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, sobre los cuales pasarán cerca de 10 naves industriales y en su conjunto formarán parte del mega proyecto de desarrollo denominado Corredor Interoceánico, que además contará con carreteras, tres aeropuertos (Minatitlán, Ixtepec y Huatulco), así como un gasoducto y una red de fibra óptica.
A partir de su puesta en marcha tendrá una importancia de dimensión continental, ya que operará el traslado de productos entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, por lo tanto, entre las costas Este y Oeste de EEUU, de forma más económica y veloz de lo que actualmente lo hace el Canal de Panamá.
Se planea que tendrá la capacidad de trasladar 1.4 millones de contenedores al año.
El Presidente López Obrador aclaró que antes de la declaración había sostenido una serie de reuniones con Larrea, en las que el mandatario planteó que mediante un acuerdo conveniente para ambas partes, o bien un esquema de «expropiación concertada», el gobierno pudiera disponer de los tramos mencionados, por ser parte de la ruta del Transístmico.
Pese a que en un primer momento Larrea había aceptado la propuesta, sin decir agua va se retractó. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con base en sus atribuciones constitucionales y considerando que, por tratarse de un asunto de utilidad pública e interés nacional, emitió el decreto de ocupación temporal. Acto seguido, la Marina tomó control de dichos tramos.
Después de dicha acción, Larrea exigió una indemnización de 9 mil 500 millones de pesos. Como respuesta el Presidente declaró que rechaza esa exigencia y plantea el establecimiento de un acuerdo en el que no haya pago económico, sino que deja abierta la posibilidad de reestructurar alguna concesión para ampliar su plazo.
Por tal motivo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales emitirán la valuación para el pago de las indemnizaciones a fin de que el acuerdo sea lo más justo posible.
En torno a este hecho se ha suscitado una amplia controversia respecto a los términos específicos en que se realizó la operación. Lo que es cierto es que se trató de una expropiación a una concesión (por uso de las vías férreas) y no a un bien inmueble o infraestructura que perteneciera a algún particular, como lo han repetido falaz y sistemáticamente los medios conservadores, con el único fin de calentar el cuadro.
La ocasión obliga a resaltar la serie de excesos criminales en que ha incurrido y el manto de impunidad con que se ha cubierto Grupo México: el abandono de los cuerpos y las familias de los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos en 2006; la contaminación del Río Sonora, su ecosistema y los efectos que trajo a la salud en 2014; entre muchos otros.
Por otro lado, hay que aclarar enfáticamente que, contrario a lo que han dicho muchos medios, llegando incluso a viralizar un twit falso de Larrea que dice: No voy a pagar 7000 mdd por algo que mañana me pueden quitar; la decisión de detener provisionalmente la venta del banco BANAMEX, en palabras del propio corporativo Citi Group nada tiene que ver con el asunto entre Larrea y el Gobierno de México. Ni hablar, el otrora poderoso mandamás en tiempos de gobiernos neoliberales sometidos al gran capital, en menos de dos semanas recibió dos strikes al hilo; se requiere un tercero para poncharlo y mandarlo al bullpen, cuando menos por esta entrada del juego de la serie entre Los Depredadores del Conservadurismo contra Los Medias Guindas de la 4T.
Así pues, López Obrador, con esta medida, ratifica lo que en repetidas ocasiones ha manifestado: separar al poder económico del poder político, lo cual no significa que se oponga al sector empresarial, a la creación de empleos, al desarrollo social ni al crecimiento económico, más bien de esta manera demuestra que el estado mexicano no debe estar sometido a los hombres del capital, además de que nunca debe estar por encima el interés de un particular sobre el de la nación.