CDMX. La Consejería Jurídica de Presidencia pidió formalmente a la Corte resolver, en orden de prelación, las impugnaciones contra la Ley de General de Comunicación Social, empezando por las registradas en 2018 y no las más recientes, interpuestas contra el llamado «Plan B».
«La Consejería solicitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, el alto tribunal proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018 y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022», informó.
El jurídico del Ejecutivo federal recordó que, al inicio del proceso electoral 2017-2018, las bancadas del PRI y PAN en el Congreso aprobaron dicha Ley, a pesar de los cuestionamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la entonces Oposición, incluidos Morena y Movimiento Ciudadano.
«Se consideró que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal», refirió.
La Consejería advirtió sobre el cambio de criterio de la Corte, ya que, en 2018, no consideró que la Ley de Comunicación Social tenía carácter electoral, ni concedió la suspensión solicitada, como ocurrió ahora con el llamado «Plan B».
También recordó que, hasta la fecha, el máximo tribunal no ha dictado sentencia definitiva, a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años de la impugnación.
«La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos», agregó.
