Depósitos en tarjetas, pagos en tiendas de conveniencia, dinero en efectivo y otros tipos de transferencias eran las formas en que presuntamente recibía recursos por extorsiones Jeu Márquez Cerezo, ex coordinador estatal Protección Civil, según consultores que lo denunciaron.
Alejandro Romero, vocero de un grupo de denunciantes, explicó que cuando el ahora ex funcionario estaba al mando se acercaron a pedirles la renovación anual de las certificaciones en seguridad, que segmentaron en niveles del uno al cinco, “cosa que no está en la ley”.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) aplicaba un examen a los terceros acreditados, “después decían que reprobabas”, por lo que ofrecían ayuda a cambio de dinero. Romero aseguró que conoció casos de consultores que sin hacer examen obtuvieron los permisos.
“Yo tenía un nivel 5. Debía dar 50 mil pesos, en un primer momento, más la propina de otros 10 mil pesos al segundo funcionario”, detalló. El nivel uno lo ofrecían por 10 mil pesos, el dos en 20 mil y así sucesivamente.
El denunciante expuso que los terceros acreditados en materia de Protección Civil comenzaron a ser víctimas de extorsiones, con cantidades desde 5 mil y hasta los 200 mil pesos por año cuando se trataba de empresas grandes.
Por los trámites en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), especificó Romero, requerían un pago de 5 mil pesos, lo que calificó como una cantidad considerable si se toma en cuenta el número de establecimientos de este tipo que hay en el estado.
El vocero de los denunciantes reveló que, además de ir a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), acudieron con una diputada local. Ahí lamentaron el caso de una señora que invirtió 25 mil pesos en una lonchería, pero el trámite que le pedía la CEPC era de 30 mil, así que ese negocio no abrió.
Se pierden empleos
Debido a permisos detenidos por no pagar extorsiones y otros por continuar los pagos, se vio afectado el gremio de terceros acreditados en Protección Civil, afirmaron los denunciantes.
Otro consultor, identificado como Pascual, pasó de tener 28 empleados a solo ocho por el presunto caso de corrupción en la CEPC. “Son 20 familias que se quedaron sin un ingreso”, sostuvo.
Alejandro Romero reconoció la disposición del gobierno del estado para que se retirara a Jeu Márquez del cargo mientras es investigado; sin embargo, precisó que los presuntos afectados no están de acuerdo en que Bruno Zarazúa quedara como encargado de la coordinación, pues acusaron que también enfrenta señalamientos de recibir dinero de modo deshonesto.
Romero aclaró que no tienen filiación política y no buscan el revanchismo, sino que se trata de un grupo de ciudadanos que denuncia un caso de corrupción.
