MÉXICO. Las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla, ante el incremento de las denuncias de hostigamiento y acoso sexual en la administración pública, solicitaron a la Secretaría de la Función Pública implementar un Plan Emergente de Protección para quienes han sido víctimas de este delito y garantizar sus derechos laborales, así como dar seguimiento integral a su salud.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) también pidieron que a través de los Comités de Ética y en su caso, los Órganos Internos de Control, dar celeridad y seguimiento a las denuncias presentadas por las y los trabajadores de la Administración Pública Federal víctimas de hostigamiento y acoso sexual.
Asimismo, llamaron a las dependencias del Gobierno Federal a incrementar y reforzar la difusión de los protocolos de actuación ante los casos de violencia y hostigamiento sexual, con el objetivo de que las y los trabajadores cuenten con información en casos de sufrir estos delitos.
Geovanna Bañuelos, coordinadora del GPPT, señaló que aunque el acoso sexual es un fenómeno que ocurre en centros laborales, tanto privados como públicos, son preocupantes las cifras recientes sobre el hostigamiento y acoso sexual que viven las trabajadoras en la Administración Pública Federal.
“Las denuncias de hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal, presentadas en los Comités de Ética, registraron un aumento de 542% de 2016 a 2023”, detalló.
Aunado a esto, Geovanna Bañuelos lamentó que de acuerdo con información del Inegi cerca de 74% de las mujeres no conocen los protocolos de actuación en estos casos.
“Es preocupante que se sigan presentando este tipo de conductas, porque eso refleja la falta de capacitaciones y mecanismos de defensa y prevención, dejando en estado de indefensión a miles de mujeres”, mencionó.
Por ello, la líder petista llamó a dar una adecuada difusión de información para terminar con conductas machistas e ilegales que transgreden la integridad de las mujeres.
Y enfatizó que es necesaria la implementación de mecanismos para dar pronta solución a los problemas, tomando en cuenta los principios de defensa de la persona, confidencialidad, debido proceso, integridad y protección de la persona afectada.
“No olvidemos que la Administración Pública Federal tiene la obligación de sensibilizar y capacitar en materia de prevención y atención en violencia de género, a fin de evitar ambientes laborales masculinizados y modificar estereotipos de género en las instituciones”, concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana para su análisis y posterior dictamen.
