Escuchar razones. Minería con Juárez
Leyes juaristas. Escribir sobre los cambios en las leyes, en este caso las que se relacionan a recursos naturales, como son los minerales y su extracción, lo enfocaré al saber ¿por qué se proponen correcciones a hechos por los actores políticos, sociales y autoridades?
Empecé con lo ocurrido en los gobiernos hispanos en el territorio mexicano durante la etapa de la Colonia. Las leyes u ordenanzas se imponían desde la monarquía española a los habitantes de la llamada Nueva España, que afectó a los hispanos, pero más a los nacidos en México, como criollos y mestizos, de los indígenas, esos pobladores originarios del territorio, peor, solo esclavitud.
La Independencia no tuvo una rápida transformación en las leyes, recuerde que todavía se proponía seguir bajo esas llamadas ordenanzas y cambiar poco.
Guadalupe Victoria decretó en 1828 que el Tribunal de Minería tenía que dejar de administrar justicia conforme lo establecería la Constitución de 1824, ya no serían las atribuciones gubernamentales, económicas y de dirección. Ya la Junta Provisional de Minería las ejercería. Con ello se extinguía el dominio de los mineros sobre la actividad.
Para 1842, con decretos se equiparó a los ya ciudadanos mexicanos y extranjeros como descubridores de minas, pero hay que poner atención, con sucesos actuales, esto “sí probaban haber restaurado minas abandonadas”. Se establece y reglamenta la Junta de Fomento y Administración de Minería. La Ley de 1855 dispone que los jueces del fuero común conocieran de los negocios mineros.
Con Juárez, en la Reforma Fiscal de 1869, Matías Romero propone poner un impuesto directo y único para quitar la multiplicidad de gravámenes sobre la minería, pero no se concretó por el aislamiento geográfico.
En cambio, se redujeron los derechos de exportación de 8 a 5 por ciento y permitió la libre exportación de concentrados de metales preciosos (oro y plata), nada de minerales en bruto.
En 1883, el Congreso federalizó la legislación minera dando fin a la diversidad de leyes mineras estatales derivadas de la Constitución de 1857. Ya se tenía el concepto que la minería es base principal de la riqueza nacional, al unificarse la legislación minera en toda la República, con lo que se daría estabilidad a las inversiones.
Las leyes mineras del periodo de Reforma, el gobierno renunció en los minerales bituminosos, combustibles y no metálicos expresamente a sus pretensiones de propiedad, tanto sobre terrenos superficiales como sobre los depósitos minerales en ellos contenidos.
Sin control se dio a movimientos especulativos en terrenos carboníferos en Coahuila en la superficie y subsuelo, en ese entonces el gobernador del estado, José María García Galán y porfirista, compró la mayoría de los terrenos de San Juan Sabinas para ejercer la explotación de carbón.
En decreto de 1887, particular importancia tuvo el artículo 10, estableció la autorización al ejecutivo para celebrar contratos, otorgando franquicias especiales y concesiones amplias a las empresas que garantizaran inversiones de capitales en la industria minera, conforme concesiones no mayores a 10 años, un mínimo de 200 mil pesos de inversión, un límite de 20 pertenencias en concesión y hasta 10 más, en los casos de descubrimientos o restauración de distritos mineros.
Juárez intentó poner orden para la actividad minera en un país que se convulsionó por las traiciones de los proimperialistas.
Más cinismo. Expertos en sus gobiernos de crear chivos expiatorios con acusaciones falsas, los panistas están acorralados, demostrándole con pruebas que son los auténticos corruptos.
Quieren olvidar al narco policía Genaro García Luna, que por más que quieran evadir la complicidad de los panistas con el narco, demuestra la podredumbre de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Las denuncias sobre el “Cártel inmobiliario” no son políticas, sino de ciudadanos como Martín Hernández Téllez y Rodrigo Muñoz Dromundo, abogado y comprador de un departamento en el complejo residencial City Towers, han presentado pruebas ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
Como ha sucedido en este sexenio, ya está tras las rejas Christian von Roehrich, ex alcalde de Benito Juárez y van contra el actual edil Santiago Taboada, hijo del empresario restaurantero que amenazó a funcionarios con un cuchillo.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo sobre ellos: “lo cierto es que hay pruebas, documentos y testigos”.