Las extorsiones aumentaron de manera significativa durante los dos años recientes. Las de mayor impacto son por llamadas telefónicas y les sigue el cobro de piso, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) busca una reforma para combatir este problema.
Francisco Murillo Ruiseco, titular de la FGJE, advirtió que el análisis del presente año demuestra que “existe un decremento, pero debemos esperar a que termine 2023”.
Hasta abril, la fiscalía contaba con 32 denuncias por extorsión, el mes con el registro más alto fue marzo, con 12, y febrero tuvo cuatro. Mientras que para abril de 2022 había un total de 177 denuncias y el año cerró con 485. Sin embargo, la falta de denuncias es un problema.
Víctimas virtuales
Murillo Ruiseco precisó que la extorsión telefónica o secuestro por simulación (también conocido como secuestro virtual) es la modalidad en que las víctimas caen con mayor facilidad.
Expuso que las redes sociales juegan un papel importante en la extorsión telefónica y que los jóvenes, especialmente, deben cuidar la información que hacen pública en Internet.
Incluso consideró la necesidad de generar políticas para el uso responsable de las redes sociales y los teléfonos celulares. También se requieren programas de prevención en los que intervengan los tres órdenes de gobierno.
“El otro tema es el que tiene que ver con la persecución del delito, ese involucra a la fiscalía, y con corte al 18 de mayo tenemos un total de 171 carpetas de investigación iniciadas en todo el estado”, detalló el fiscal general.
Los municipios de mayor incidencia son Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Jerez de García Salinas y Ojocaliente.
Por secuestros virtuales, suman 84 víctimas localizadas solo en este año y, aunque no se tiene un perfil definido, Francisco Murillo advirtió que “son gente muy grande de edad o muy jóvenes quienes regularmente caen en este tipo de engaño”.
Faltan denuncias
El fiscal del estado expuso que el cobro de piso aumentó desde 2015 a nivel nacional y Zacatecas no es la excepción, por lo que recalcó la importancia de una campaña “muy fuerte para que los afectados denuncien”.
Aceptó que quienes son víctimas de este delito “pueden desconfiar del actuar de la fiscalía”, pero resaltó que se tienen resultados positivos.
Precisó que durante la semana pasada lograron la captura de un sujeto que se hacía pasar por integrante del crimen organizado y dejaba recados en papel. “El afectado denunció, hicimos trabajo de inteligencia y ubicamos al extorsionador”, quien ya fue vinculado a proceso.
“Con esto quiero dejar claro: no se trata de un cártel, de un grupo delictivo. Se trata de personas que quieren aprovecharse de la situación de violencia, de inseguridad o de lo que se dice en redes sociales, o de la psicosis en que la población puede caer”, enfatizó.
Insistió en que el cobro de piso no está vinculado necesariamente con el crimen organizado, sino que hay casos en los que “solo es gente que busca aprovecharse para poder delinquir”.
Reforma necesaria
Ante estos conflictos, el Francisco Murillo insistió en la necesidad de reformar el Código Penal en el tema de extorsión, el cual contempla en su artículo 265 penas de cinco a diez años de prisión y una multa de hasta 10 mil 374 pesos.
“Lo que necesitamos entonces es darle una actualización a nuestra legislación, por eso es una de las actualizaciones que vamos a revisar, porque se ha analizado en la Mesa de Construcción de Paz”, agregó.
La pretensión es que a nivel federal se reforme la Constitución para darle a este delito el mismo trato que a la trata de personas, tortura, secuestros, que “de todas las leyes generales que tenemos haya una de combate a la extorsión”.
Sin embargo, ante el tiempo que pueda tardarse la reforma constitucional, “estamos impulsando que se reformen los códigos penales de las entidades federativas donde tenemos estas problemáticas, para tratar de homologar la persecución penal y que haya penas un poco más severas”.
Además, se pretende que “las modalidades estén bien precisas. Ya hubo una reforma en Michoacán y fue actualizada la modalidad de extorsión y lo que pretendemos es que en Zacatecas podamos hacer algo parecido”.
Puntualizó que es necesaria una reforma con un lenguaje jurídicamente bien construido, “que se adapte a las necesidades de Zacatecas y tenga mejor posibilidad de resultados contra las personas que están cometiendo estos delitos”.
