JALISCO. El ganadero chihuahuense Víctor Manuel Ponce Ríos, de 57 años, salió en 2013 de Saucillo para buscar un espacio seguro para su familia, ante la ola de extorsiones de los grupos criminales. Llegó al norte de Jalisco, donde su experiencia como acopiador fue muy útil en la única región del estado donde se puede exportar ganado en pie a Estados Unidos.
Pero su éxito fue contraproducente: la plaza local, que secuestró el negocio a fines del año pasado, no quiso privarse de sus talentos y lo obligó a ser uno de sus diez acopiadores en los municipios de la región.
En adelante, todo el ganado debería pagar un porcentaje a los dueños del territorio, y sería movilizado hacia ciertos destinos donde el beneficio aparente ha sido para grandes engordadores que podrían tener ligas con las organizaciones criminales.
Algo salió mal en esa relación. Desaparecido con su trabajador, Luis Fernando García Pérez, de 27 años, el pasado 23 de mayo, ambos fueron encontrados asesinados el 16 de junio en un predio del vecino estado de Zacatecas.
“Además de levantar a Don Víctor y a su ayudante, se llevaron entre 120 y 150 cabezas de ganado de su corral; comercializar o sacrificar esa cantidad de animales supone cooptación o colusión de muchas autoridades estatales, federales y municipales”, dice un testigo, experimentado ganadero. Es una demostración de que el control de la mafia en la vida pública es allí casi completo.
En los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños, hacia el cañón del río Bolaños, y de Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar, Mezquitic y Huejuquilla, en las mesetas y montañas que colindan con Zacatecas, la vida está regulada por la pax narca impuesta por algunos lugartenientes de un grupo de la delincuencia organizada llegados del oriente de Guadalajara (donde la notoriedad de sus acciones delictivas obligó a sacarlos de la visibilidad) y del estado de Michoacán. Es decir, sin la menor liga sentimental con la región.
Eso les ha permitido ver a la demarcación como un sitio a explotar sin demasiados escrúpulos. Juan N, un propietario de un rancho en uno de los municipios del cañón, huyó hace menos de tres semanas, luego de que los sicarios no le dejaron tomar posesión de una propiedad que había rescatado en un largo proceso judicial. “Me hicieron firmarles las escrituras; no tenía otra posibilidad que traerme a mi familia y olvidar todo”, revela temeroso a NTR.
“Cualquier asunto legal y que sea de cuantía o de relevancia inmediatamente es asumido por la organización. Juicios de pagarés, despojos, intestados e incluso divorcios. Es increíble la forma de trabajar de ellos, apenas ingresas una demanda y al día siguiente ya te están buscando y si no te encuentran te llaman o te citan; y si no vas, pues van por ti, eso quiere decir que hay gente que trabaja para ellos y les pasa información desde adentro de los juzgados en el civil y en el penal”, revela un litigante que también huyó de la zona.
La plaza -o las plazas, pues se identifica a tres mandos en la zona de casi 10 mil kilómetros cuadrados- suele controlar las policías locales. Los presidentes municipales, en el mejor de los casos, son pasivos espectadores de la extorsión, el cohecho y la extracción de recursos públicos, o del apropiamiento de patronatos de las fiestas locales, donde corre dinero a manos llenas de los paisanos que vienen a visitar a sus familias, o vecinos de los pueblos cercanos.
En el peor de los casos, están coludidos o tienen parientes. Las redes familiares también han sido cooptadas. La regla es el silencio cómplice… aunque los asesinatos, las desapariciones y los despojos no se detienen.
Pero con el crimen nada es personal. Solo se trata de extraer las rentas, de quedarse con la magra riqueza por la que se han deslomado generaciones de norteños, advierte un lugareño de Totatiche. Y así se entiende el control del negocio ganadero, uno de los sectores más pujantes de una zona magra en lluvias y climáticamente apta para criar bovinos.
A merced de criminales
El grupo criminal controla el negocio del ganado bovino de exportación desde octubre de 2022. Cada ejemplar puede significar 5 pesos por kilogramo de ganancia por comisiones, tras la imposición de “gerentes” regionales para administrar la operación.
La economía local produce unas 100 mil reses de exportación cada año. Hubo reuniones “informativas” en los 10 municipios: la agrupación criminal utilizó a los ganaderos más connotados para “encargarles” la operación. Por grado o por fuerza. A comienzos de noviembre, ya estaba allanado el camino.
Los operadores, como don Víctor, no tuvieron manera de zafarse: el grupo criminal ha tenido acceso a toda la información del Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y del Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado), de cada municipio.
Los burócratas locales son “garganta profunda” para el grupo criminal: mantienen actualizada la información a nivel de predio, ranchero, y cada animal que nace, al que se registra con un “arete”, un código de seis dígitos que gestiona cada asociación ganadera local; allí se emiten guías de tránsito y “formas valoradas” para movilizar ganado hacia centros de acopio o rastros.
Esta red está completamente controlada por amenazas o corrupción. El Estado mexicano está ausente. Así se vive y muere hoy en el Norte de Jalisco.
AGUSTÍN DEL CASTILLO
NTR GUADALAJARA