ZACATECAS. El Poder Ejecutivo estatal propone perseguir de oficio el delito de extorsión, “cuando el Ministerio Público tenga noticia por cualquier medio de su ejecución en perjuicio de cualquiera de las actividades económicas o productivas del estado”.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de la LXIV (64) Legislatura se leyó un proyecto de reformas al Código Penal de Zacatecas que envió el gobernador David Monreal Ávila, en el que advierte la frecuencia del delito de extorsión en Zacatecas.
“Aunque los índices de la inseguridad continúan a la baja, producto de las estrategias instrumentadas por la administración a mi cargo, el cierre de negocios, la pérdida de empleos y la afectación a la economía regional, derivado de la extorsión y otras modalidades del denominado ‘cobro por derecho de piso’, es una constante, pues la presencia de grupos criminales sigue presente”, expone el gobernador en su iniciativa.
A quien comete el delito de extorsión se le contemplan penas de tres a 14 años de prisión (el mandatario propone aumentarlas de ocho a 16 años), y una multa de 100 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, es decir, de 10 mil 374 a 20 mil 748 pesos.
En la iniciativa se pretende agravar estos castigos hasta una mitad más en su mínimo y en su máximo cuando: la víctima sea menor de 18 años o mayor de 70; que no comprenda el significado del hecho, que tenga una enfermedad grave o terminal; que la víctima sea una mujer embarazada.
Las penas también aumentarían si el extorsionador tiene parentesco con la víctima hasta en cuarto grado, si la extorsión se comete desde un centro penitenciario o se realice por servidores públicos o miembros de una corporación policiaca, además si en la comisión del delito participan una o más personas armadas o que simulen estarlo.
El proyecto de reforma también considera incrementar las penas si la víctima se dedica al comercio u otra actividad económica y la extorsión implica el cobro de cuotas o por protección.
Los años de cárcel también aumentan si se amenaza con la participación de personas del crimen organizado, sea cierto o no, o si por cualquier medio se requiera el pago de una deuda simulada.
El Ejecutivo plantea encuadrar el delito de extorsión a quien “obligue a otra persona, por cualquier medio, incluida la violencia física o psicológica a dar, hacer, dejar de hacer algo, tolerar algo o amenace con causar daño en su persona, familia, posesiones, actividades económicas o laborales, o a un tercero con el que tenga cualquier vínculo afectivo, laboral, económico, con el propósito de obtener un lucro o provecho para sí o para una tercera persona, independientemente de que se logre o no el fin propuesto”.
Además, solicita clasificar como atentados contra la seguridad de la comunidad a quien porte ponchallantas, boxers (manoplas), macanas, petardos, bombas, cuchillas, erizos, estrellas metálicas, entre otros.
Además, la iniciativa pretende sancionar a quien, al tener un cargo en el sistema penitenciario en el estado, facilite o permita el ingreso de computadoras, chips o cualquier otro instrumento de comunicación, pues reconoce que se ha detectado la práctica de extorsión de las cárceles con éstos equipos.
Los atentados contra la seguridad de la comunidad se castigan con una sanción de cuatro a ocho años de prisión y multa de 200 a 355 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, de 20 mil 748 a 36 mil 827 pesos.
