ZACATECAS. No existen las condiciones para cubrir en su totalidad el pago de la quincena al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a consecuencia del bloqueo que sostienen en las oficinas, advirtió el fiscal de justicia Francisco Murillo Ruiseco.
Puntualizó que se necesitan al menos tres días para hacer los preparativos para dispersar la quincena. Además, tras la denuncia que se interpuso esta semana, el proceso requerirá de una comisión de la Fiscalía General de la República (FGR) para poder liberar el recurso.
Dio a conocer que en el caso de la quincena pasada lograron repartir el pago; sin embargo, quedaron pendientes la revisión de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como otros impuestos y asuntos, como cuotas de los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), por mencionar algunos.
Además, hizo el llamado a los inconformes para tener una mesa de diálogo, pues aseguró estar en la mejor disposición para reunirse con ellos, aunque hasta el momento, durante agosto, han realizado seis reuniones en las que no han llegado a un común acuerdo.
DECLARACIONES ENCONTRADAS
Ante las declaraciones del fiscal, los inconformes aseguraron que el proceso que describe el funcionario son mentiras y que “son puras patadas de ahogado”.
Los pagos de la quincena se realizan a través de una plataforma Enred y no es necesario asistir a la fiscalía para liberarlo, precisó uno de los trabajadores manifestantes, Omar Peñalver.
Asimismo, aseguró que no quedaron pendientes ninguna de las cuotas del IMSS, Infonavit y otros aspectos.
En tanto, la FGJE explicó que “la emisión de la nómina de la Fiscalía General es un proceso que no es determinado en forma autónoma por la Fiscalía, sus procesos dependen de los calendarios preestablecidos por la Secretaría de Administración (Sad), al igual que todas las dependencias del Gobierno Estatal”, se lee en un comunicado.
Además, se menciona que otros movimientos, como altas, bajas, recategorizaciones, suspensiones administrativas y pagos de incapacidades, requieren ser tramitados con una semana previa al pago de la nómina, lo cual ya no será posible en la última quincena de agosto al haberse agotado el calendario establecido.
También se precisa que para el pago ordinario es necesario que dicha nómina concuerde con los movimientos de la tarjeta de validación de la Sad antes de cerrar y se envía un correo electrónico oficial para informar que la nómina está correcta; para esta acción se requiere un día para revisar.
Así como requerir tres días para realizar otros trámites, como el resumen del Impuesto Sobre la Renta (ISR) devengado a los trabajadores ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las cuotas obrero patronales como IMSS, Infonavit, Issstezac y las deducciones por pensión alimenticia.
“Por todo lo anterior, es necesario normalizar y poner al corriente el pago de las prestaciones de todos y cada uno de los trabajadores de la Fiscalía, la liberación de las instalaciones, ya que los procesos que son necesarios para poner al corriente los pagos impactan en distintas áreas administrativas y operativas, pues hay altas y bajas de personal que siguen pendientes”, se precisa en el comunicado.
Interponen denuncia contra trabajadores de la FGJE
David Castañeda
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) interpuso una formal denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por probables delitos que atentan contra la seguridad de la nación, la procuración de justicia, bien jurídico primordial para el funcionamiento de la Seguridad Pública en contra de Alejandro Rivera Nieto, José Francisco Martínez Gutiérrez y contra quien resulte responsable.
A Alejandro Rivera y Francisco Martínez se les acusa de sedición, sabotaje, conspiración, acceso ilícito a sistemas y equipo de informática, y revelación de secretos previstos y sancionados por el Código Penal Federal.
También se les señala por conductas delictivas previstas en las leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, y su Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
Asimismo, por violentar las leyes generales de Víctimas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Salud, de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Será el Ministerio Público de la Federación quien determinará si los datos de prueba que se acompañan a la denuncia y los que se puedan realizar y recabar por parte de la autoridad federal son suficientes para acreditar los delitos denunciados y proceder conforme la Ley”, se lee en un comunicado.
OTRA DENUNCIA
Además, la Coordinación General Jurídica detalló que, en su carácter de representante legal del gobierno del estado, interpuso formal denuncia ante la fiscalía “por conductas que pudieran resultar constitutivas de delito, como lo es ataques a las vías de comunicación en su modalidad de obstrucción y/o el que resulte, tipificado en términos del contenido de los artículos 149, 151, y demás relativos y aplicables del Código Penal para el Estado de Zacatecas.
“Con posterioridad, el 29 del mismo mes y año en curso, fueron proporcionados, ante el Fiscal del Ministerio Público competente, los datos correspondientes a las personas que pudieran resultar responsables de las conductas denunciadas, correspondiendo a Pavel ‘N’, Omar ‘N’, Irma ‘N’, Carlos ‘N’, Dulce ‘N’, Ana ‘N’, Juan ‘N’, Edgar ‘N’ y Alejandro ‘N’”, se lee en un comunicado.
Además, se precisa que “respetamos todos y cada uno de los derechos que se constituyen en nuestra Carta Magna y, dentro del caso en concreto, se encuentran dos constitucionalmente reconocidos: el primero es el que sostienen los quejosos relativo a su derecho a la Libre Manifestación; y el segundo, el relacionado con el derecho al Libre Tránsito, este último, protege el Interés General de la Población ponderando que debe estar por encima de los quejosos, dado que refiere a intereses particulares”.