Según la teoría de Marshall es precisa la diferenciación entre los ciudadanos formales y los sustanciales. En estricta formalidad, todos somos ciudadanos. Inclusive una madre de familia cuyos hijos no pudieron tomar desayuno esta mañana por falta de recursos, es considerada ciudadana.
Por otro lado, para que los ciudadanos vivan a plenitud y su interacción entre otros y la sociedad sea armoniosa es importante que sus necesidades sean satisfechas en mínimos aceptables.
En el conjunto de derechos que constituye la ciudadanía están los políticos (derecho a votar y ser votado), civiles (como la libertad de expresión, de prensa y de asociación) y los sociales (derecho a la educación, servicios de salud, trabajo…).
La importancia de los derechos sociales es crucial para el correcto funcionamiento de los otros dos tipos de derechos. Si un ciudadano formal, pero en pobreza no tiene satisfechas sus necesidades básicas, es vulnerable a abusos donde vendrá un delincuente electoral a proponerle la venta de su credencial de elector a cambio de 800 o 1 mil pesos que para él, será una semana de comida.
La democracia mexicana se ha degradado gracias a lacras donde las estructuras de “movilización de voto” (eufemismo para la mapachería más ramplona) consiguen capitalizar la necesidad de la gente para manipular el resultado de elecciones.
Y es precisamente en ese contexto donde surge el drama de las sociedades capitalistas que no han logrado satisfacer las necesidades básicas de un sector importante de la ciudadanía. Su condición ciudadana queda en la mera formalidad, pero desprovista de sustancialidad. Una persona solo puede ejercer el resto de sus derechos (civiles y políticos) cuando satisface sus necesidades básicas.
Inclusive en términos de “formalidad” hay leyes que sustentan dichas necesidades. La Constitución mexicana dice que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia.
En términos formales la ley es clara, pero en la práctica no se cumple. En ese sentido el aumento al salario mínimo fue una elemental puesta al día, pero lamentablemente, como dijo López Obrador, se lo comió la inflación.
No es un logro menor el que las políticas sociales del gobierno federal sacaran de la pobreza a 5 millones de mexicanos. Falta mitigar la condición de quienes viven en pobreza extrema, para ellos prácticamente no ha habido cambio.
Lo relevante es que ya comienza a percibirse un cambio en la condición sustancial de la ciudadanía pasando de la formalidad a la sustancialidad.
¿Por qué es importante? Porque nos hemos quejado repetidamente de la “baja calidad” de nuestra democracia y no atinamos a lidiar con variables reales que la condicionan. En términos materiales un pobre está supeditado por su propia condición y eso le impedirá ejercer a plenitud sus libertades y derechos. Una democracia compuesta por pobres es mostrenca, incompleta, porque puede ser sometida y por ende frágil.
Y hablando de calidad de la democracia, ¿qué tanto influye la pobreza en otros aspectos, como la interacción económica y laboral entre patrones y empleados o entre proveedores y consumidores? ¿Se relaciona la interacción económica con la vida en democracia? En tanto es una relación entre iguales, debe ser materia de preocupación de toda sociedad que se precie de aspirar a la igualdad.
Y hacia allá debe llevarnos el deber de hacer de México un país de ciudadanos sustanciales, no solo formales. El drama de las sociedades capitalistas neoliberales es que no atinan a resolver los problemas de desigualdad imperante, deslizando en muchos casos a familias de la clase media a la pobreza. Inclusive en Europa crece a ritmo lento, casi imperceptible, la desigualdad.
Es preciso asumirlo para crear una conciencia más tangible y activa de la importancia de robustecer la ciudadanía sustancial, que fortalezca nuestra democracia. En ese sentido México, al sacar a varios millones de mexicanos de la pobreza (según información del CONEVAL) da pasos esperanzadores hacia una ciudadanía democrática.