Los servicios de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) volvieron a la normalidad este viernes, luego de que se realizaron cateos en las instalaciones y se retiró a los manifestantes de los bloqueos por la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Personal de la FGJE explicó que trabajarán de manera regular. Tras casi tres semanas de la toma del edificio central y demás sedes de la FGJE, los trabajadores informaron que retomaron mandamientos judiciales, denuncias, justicia restaurativa y atención temprana, entre otros. También se confirmó que se pudo dispersar el pago de la nómina de esta quincena, que se les debía a los trabajadores.
En tanto, los manifestantes que bloqueaban la fiscalía fueron removidos mientras que a los alrededores del edificio central continuaba el resguardo de agentes estatales y personal del Ejército Mexicano. Hasta el momento, no se ha informado sobre negociaciones con las autoridades estatales.
Algunos de los inconformes, quienes exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales, continuaron con el bloqueo del Centro de Justicia para Mujeres; sin embargo, no han dejado de brindar atención en esta área, puntualizaron.
Reprochan proceso
Empleados de la fiscalía acusaron que las diligencias realizadas durante la noche del jueves no cumplieron con el propósito de investigar la denuncia que realizó el fiscal general Francisco Murillo Ruiseco ante la FGR, sino que fueron acciones para recuperar el edificio.
Mediante un video difundido en redes sociales, calificaron como un atropello a sus derechos humanos las acciones de autoridades federales y estatales.
Argumentaron que la orden de cateo especificaba que era para la búsqueda de indicios relacionados a la comisión de un delito y la detención en flagrancia de personas en actividades ilícitas; sin embargo, el resultado fue el desalojo de los inconformes.
Aseguraron que hubo arbitrariedades en los cateos, ya que no les permitieron hacer uso de la voz a los manifestantes como testigos del proceso y desconocen los resultados que se obtuvieron de las intervenciones de la FGR.
Durante las diligencias, agregaron, se sacaron artículos del edificio de la FGJE y solo permitieron la presencia del personal de seguridad privada que resguarda el inmueble.
Informaron que luego del cateo no se les permitió volver a tomar las instalaciones de la FGJE, por lo que catalogaron una injusticia el actuar de las autoridades.
Por último, dieron a conocer que seguirán su protesta y será a través de las redes sociales que informen las decisiones que realizarán.
Entregan instalaciones
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se entregaron las instalaciones y áreas estratégicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) “a los servidores públicos facultados y legitimados en términos de ley”.
Enfatizó que el objetivo fue “reactivar las funciones y obligaciones sustantivas y administrativas del organismo público autónomo, en beneficio de la sociedad zacatecana y personal propio de la dependencia local”.
El 28 de agosto, la FGR recibió del titular de la FGJE, Francisco Murillo Ruiseco, una denuncia para hacer del conocimiento de la probable comisión de conductas delictivas cometidas por servidores públicos de dicha institución y ajenos a la misma.
En el escrito se detalla que, desde el 11 de agosto a la fecha, los manifestantes tomaron las instalaciones en su totalidad, lo que conllevó a “la vulneración de derechos fundamentales en perjuicio de la sociedad”.
Entre las afectaciones se mencionó el libre acceso a la justicia, el incumplimiento de las obligaciones sustantivas y administrativas, así como la revelación de datos personales, clasificados y reservados en términos de la ley.
También se advirtió sobre el uso indebido del armamento oficial, así como el posible riesgo sanitario por la falta de mantenimiento para la preservación de los cadáveres y muestras biológicas que se encuentran en las unidades del servicio médico forense.
Por ello y una vez practicadas las diligencias consideradas “idóneas y pertinentes”, el agente del Ministerio Público (MP) federal en la delegación de la la FGR obtuvo de un juez una orden de cateo que se practicó simultáneamente en cinco edificios de la FGJE.
Conforme a las disposiciones legales, se aseguraron más de 400 armas de fuego y más de 122 mil cartuchos “que se encontraban a disposición de personas no autorizadas”.
La FGR subrayó que las diligencias de cateo “fueron llevadas a cabo en estricto apego a los derechos humanos, conforme a derecho y protocolos establecidos, por servidores públicos de la institución”.
Agregó que se contó con la presencia de personal de las comisiones de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) y Protección Civil (PC).
Además, apoyaron elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el resguardo perimetral.
