TEXAS. Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Texas retirar antes del 15 de septiembre la barrera de boyas que instaló en el cauce del Río Bravo en julio con la intención de inhibir cruces irregulares de migrantes, otorgando una victoria legal a la Administración del Presidente Joe Biden.
Aunque el proceso legal aún será largo, el juez federal David Ezra de la Corte del Distrito Oeste en Texas coincidió con la Administración Biden que la instalación del llamado «muro flotante» está en violación del la Ley de Ríos y Puertos de EU de 1899 que da al Gobierno federal potestad sobre aguas navegables.
«La Corte…determina que la conducta de Texas daña irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los funcionarios de las agencias federales en y alrededor del Río Bravo», dijo el juez Ezra en su decisión emitida ayer y que abordó los argumentos de ambas partes sobre navegabilidad.
En el texto de 42 páginas del fallo, el magistrado recalcó que por el momento, la orden al Estado de Texas es trasladar la barrera flotante de boyas del centro del cauce del Río Bravo hacia la orilla texana del afluente; esto debido a que el fallo es uno de carácter temporal en lo que se define el fondo del asunto.
Aunque se espera una apelación a su decisión a la brevedad por parte de Texas, el juez Ezra examinó en tres cuartillas las preocupaciones expresadas por el Gobierno de México sobre que la instalación de las boyas flotantes viola dos tratados internacionales de límites firmados entre los dos países.
«Texas no es parte en las conversaciones y negociaciones entre el gobierno federal y México y no ha presentado ninguna evidencia de que la barrera no sea de gran preocupación para México», dijo Ezra sobre la barrera de 303 metros levantada frente a Piedras Negras en Coahuila e Eagle Pass en Texas.
En específico, Ezra abordó en su decisión las potenciales consecuencias que las boyas pudieran tener para la entrega de agua por parte de México a EU proveniente del Río Bravo así como las consideraciones humanitarias derivadas de las boyas considerando que dos cuerpos han sido encontrados cerca de ellas.
Tal como fue presentado al juez Ezra en agosto, un estudio conjunto llevado acabo por la Sección Mexicana y la Sección Estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) estableció que 79 por ciento del así llamado «muro flotante» instalado por Texas estaba de hecho en territorio de México.
El Gobernador de Texas, Greg Abbott, adelantó que estaría apelando la decisión del juez Ezra y que de ser necesario llevaría el tema de las boyas flotantes sobre el Río Bravo hasta la Suprema Corte de Justicia, subrayando la relevancia que el tema de seguridad fronteriza juega hoy.
«La decisión judicial de hoy simplemente prolonga la negativa deliberada del Presidente Biden a reconocer que Texas está haciendo el trabajo que él debería haber estado haciendo todo el tiempo. Esta decisión es incorrecta y será revocada en apelación», dijo la oficina del Gobernador Abbott.
Por su parte, el Departamento de Justicia de EU aplaudió la decisión judicial aplaudió no sólo la decisión de retirar la barrera flotante del centro del Río Bravo sino también el que haya establecido que el Gobierno texano no tiene autoridad para llevar a cabo construcciones en aguas navegables de la nación.
Además de la demanda presentada por el Departamento de Justicia, grupos locales de ciudadanos estadounidenses en Eagle Pass han presentado una demanda propia contra la instalación de las boyas flotantes por parte de Abbott asegurando que también impide el disfrute del Río Bravo.
José Díaz Briseño
Agencia Reforma