Renuncia de otro Ministro
La división de poderes en México es, constitucionalmente, fundamental para la democracia, a grado tal que cuando se amenaza esa independencia, sentimos un retroceso en la historia del país.
En fechas recientes hemos sido testigos de cómo el Poder Ejecutivo se encargó de activar su maquinaria y, eliminando toda separación entre poderes, inició una guerra en contra del Poder Judicial, a través del Poder Legislativo.
El tema que se resalta es el de los fideicomisos del Poder Judicial, hablar de la “gran cantidad de recursos” de que dispone este poder y que el Legislativo, en un acto de “austeridad republicana” acuerda desaparecer para acabar con los privilegios de los juzgadores del país.
Al menos, desde mi muy particular punto de vista, el rectificar lo que está “mal” en los demás poderes y no ajustar los gastos propios no es precisamente un acto de austeridad, sino de reproche o venganza, un mecanismo de control a través de mecanismos indirectos como el control presupuestal.
Es evidente que el ataque es directo, el Poder Judicial tiene que pagar por haber “traicionado el proyecto”, palabras del presidente.
Pero esa austeridad no se ve reflejada en los otros dos poderes, pues el Legislativo ha sido obediente a los mandatos presidenciales y los integrantes del Poder Ejecutivo demostraron su lealtad, aunque no su capacidad para someterse a los designios presidenciales; hasta aquí es más que evidente la consigna de ajustar cuentas con quien no ha sido sometido.
Pero no siempre fue así, pareciera que la consigna contra la autonomía del Poder Judicial tiene un inicio claro, cuando no prosperó la imposición presidencial de ampliar el mandato del presidente de la SCJN y que el Ministro Arturo Zaldívar durara dos años más en la presidencia de la Corte, no conformes con ello, los ministros osaron desafiar al presidente y nombrar a una ministra no sumisa como presidenta de la Corte y la embestida contra el Poder Judicial y la persona de la nueva presidenta se hicieron evidentes.
Ahora, la renuncia del ex presidente de la Corte y fiel seguidor de AMLO hace más que evidente que ha dejado de cumplir con una función de utilidad al interior de la Corte y sus servicios son requeridos por quien siempre le dijo qué hacer, pero se abre la posibilidad de que se nombre un nuevo ministro o ministra que renueve la correlación de fuerzas al interior del pleno y que pueda, en determinado momento, recuperar el control del Poder Judicial al servicio presidencial.
Todo lo anterior representa una injerencia directa del presidente al Poder Judicial, que atenta directamente contra la división y autonomía de los poderes. El discurso de derroche de dinero o de privilegios no merecidos no es otra cosa que la pantalla con la que se disfraza la necesidad del presidente de controlarlo todo y a todos.
El Poder Legislativo tiene excesos, muchos, y esos no son criticados ni atacados por el presidente, porque hasta ahora han sido obedientes a las órdenes del titular del Ejecutivo.
Las secretarías de Estado y dependencias del Ejecutivo, incluida el presidente, también gozan de un estatus privilegiado con erogaciones de recursos que no se justifican, pero eso tampoco es criticado en este gobierno, porque cotidianamente demuestran su lealtad al presidente.
Evidente es que, cuando se pierde el control del Poder Judicial es cuando se agudizan las agresiones y se comienzan a mover las piezas del ajedrez presidencial con la única finalidad de retomar, si es que puede, el control que perdió cuando el que ahora renuncia dejó de ser el ministro presidente.