ZACATECAS. Antes de renunciar a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Francisco Murillo Ruiseco entregó un informe sobre el caso de Julio César “N” y aseguró que “no se ha detenido la investigación ni la búsqueda de los probables responsables” del homicidio de Raúl Calderón.
En el documento recibido el 23 de octubre en la Oficialía de Partes de la Legislatura, el ahora ex fiscal recuerda que el 21 de abril el Pleno determinó “retirar la inmunidad procesal” al ex alcalde, por el caso del asesinato del abogado ocurrido en diciembre de 2022.
De acuerdo con el informe oficial de la FGJE, del cual obra una copia en poder de NTR Medios de Comunicación, se realizaron actos de investigación que arrojaron datos de prueba importantes “en aras del esclarecimiento de los hechos”.
Pruebas
Entre las acciones tomadas por la investigación y que se hicieron del conocimiento público, además del desafuero, está la solicitud inmediata de audiencia urgente “al Juez de Control de la capital para pedir orden de cateo judicial en tres inmuebles”.
Las tres casas están ubicadas en la zona conurbada y las diligencias fueron realizadas de manera simultanea en dos de las direcciones por ser propiedad “de los probables responsables y uno más de familiares cercanos”, sin precisar de quién se trata.
De estos cateos, según el ex fiscal, obtuvieron “datos de prueba relevantes para la investigación, con el aseguramiento de documentos y objetos que fueron sometidos a diversos estudios periciales”, sin entrar a detalle de lo hallado.
También hace mención de diversos estudios periciales, como dictámenes para confronta de perfiles genéticos, además de criminalística de campo del procesamiento del lugar de los hechos, así como en los domicilios cateados. Estos, se subrayó, “fortalecen la teoría del caso de la fiscalía general”.
El reporte revela que se determinó el calibre del arma y que “fue utilizada para privar de la vida a la víctima”.
Además, se obtuvieron elementos balísticos en uno de los inmuebles cateados y un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio resultados positivos con respecto a los registros de armas de fuego en el caso investigado.
En cuanto al vehículo asegurado en la diligencia de cateo, el dictamen “corrobora las imágenes de videograbación de las inmediaciones del lugar de los hechos, así como su recorrido en la zona conurbada”.
Búsqueda
En el caso de la orden de aprehensión girada por la jueza de control de la capital el 17 de abril para la localización y detención de Julio César “N” y María de Jesús “N”, en el ámbito nacional e internacional, el informe menciona que ambos casos están en el registro Plataforma México.
Tanto del ex alcalde como de su esposa se activaron alertas en distintas plataformas, aunque las correspondientes al mandato judicial de ella se hicieron desde el 17 de abril y las de él fueron cuatro días después, el día 21 del mismo mes.
Los registros fueron en el Sistema de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de la República (FGR), el Registro Nacional de Mandamientos Judiciales (Plataforma México) y el del Servicio de Seguridad Diplomática, “con solicitud de revocación de visa americana”.
El 24 de abril, la FGJE “solicitó a la Alianza para la Localización de Fugitivos (SAFE-México) la búsqueda de registro criminal en los Estados Unidos a nombre de los imputados.
De esta solicitud se obtuvo el conocimiento que el último ingreso de los imputados a aquel país corresponde a enero de 2023 y “no obra información que sugiera un posible domicilio en Estados Unidos”.
En caso de que Julio César “N” o María de Jesús “N” sean localizados en el país vecino, se les referirá a la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) para “gestionar su deportación controlada bajo el programa SAFE-México”.
Lento avance
El 24 de abril la Coordinación de Aprehensiones, Colaboraciones y extradiciones de la Fiscalía General giró solicitudes para la búsqueda y captura de los imputados a procuradurías y fiscalías estatales.
Recibieron la solicitud Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
De estas fiscalías, Ciudad de México, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Tlaxcala y Sonora reportaron resultados negativos hasta el momento.
El 28 de junio, la Dirección de Asuntos Policiales e Interpol de la FGR, confirmó que “los imputados cuentan con alertas migratorias establecidas ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y las oficinas centrales nacionales de Interpol Washington”. A esto se suma una notificación roja publicada por la Secretaría General de Interpol el 26 de junio.
Fue hasta el 27 de septiembre que la FGJE reiteró la solicitud de colaboración para la ejecución del mandamiento judicial contra los imputados a los estados que no respondieron a la primera petición de búsqueda.
Por último, el 5 de octubre se realizó una audiencia tutelada de derechos solicitada por el asesor jurídico de las víctimas indirectas a efecto de tener acceso a todos y cada uno de los actos de investigación realizados dentro de la indagatoria, luego del libramiento de la orden de aprehensión contra los imputados, lo cual fue autorizado por el órgano jurisdiccional.
