CIUDAD DE MÉXICO. Una red de 84 empresas del ramo médico vinculadas con dos ex funcionarios del ISSSTE y actuales directivos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) está bajo investigación penal por corrupción y enriquecimiento ilícito derivado de contratos de por al menos 3 mil 300 millones de pesos.
Conforme una revisión realizada por TOJIL, una asociación civil dedicada al litigio estratégico contra la impunidad en México, contra esa red hay denuncias presentadas por la SFP y por la ex titular del SAT y actual Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.
Las denuncias apuntan a Javier Tapia Santoyo, Jefe de Administración del IPN, y Marco Ramírez Urbina, coordinador de imagen institucional del Poli.
El reporte señala que ambos se beneficiaron de contratos que ellos mismos asignaron a la red de proveedoras de insumos y medicamentos, algunos de ellos para atender Covid-19.
De esas empresas, nueve son compañías ya declaradas como fantasma por el SAT, seis no están ubicables en sus domicilios, dos están inhabilitadas y 28 tienen operaciones directas con Interacción Biomédica, una de las principales implicadas.
Conforme la investigación de TOJIL titulada: «El Clan Biomédica negocios, corrupción y complicidades», 84 empresas se han beneficiado de múltiples contratos del ISSSTE, IPN e incluso de las Fuerzas Armadas.
La indagatoria revela, además, que las empresas comparten o domicilio fiscal o mismo notario o socios o representantes legales y hasta la misma redacción en sus actas constitutivas.
Además de Biomédica, en la red participan empresas como Gerd Yerik, Novamedix, Esbiomed, Duomed, Viviter y NAMO.
El modus operandi, según TOJIL, es que Tapia -que antes de llegar al IPN era director de Contrataciones del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE- asigna contratos millonarios a la red de empresas que simulan competir y que luego le hacen cuantiosos depósitos a sus cuentas.
Manuel Alejandro Alvarez Torres
Agencia Reforma