CIUDAD DE MÉXICO. Con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Uriel Carmona, Fiscal de Morelos.
Esto, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había determinado que Carmona sí goza de fuero federal y debía seguirse con el proceso que tenía pendiente de la pasada Legislatura.
Carmona explicó ayer que si se declara la procedencia de la acción penal en su contra, todavía no se podría actuar en su contra, pues faltaría otra etapa.
Señaló que la Cámara de Diputados aún tendría que remitir el expediente al Congreso local de Morelos, el cual aún tendría que ratificar el hecho.
«El Congreso de Morelos tendría la última palabra si se me retiro o no el fuero», aseguró este martes.
«Lo que determine el pleno de la Cámara de Diputados no es suficiente para quitarme el fuero, tiene que decidir el Congreso local, como sucedió con el caso de Francisco García Cabeza de Vaca y el Congreso de Tamaulipas».
Uriel Carmona enfrenta una lluvia de imputaciones, principalmente por el feminicidio de Ariadna Fernanda López.
Desde agosto, el funcionario es blanco de la Fiscalía de la CDMX, que le endosó tres delitos: contra la procuración y administración de justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en calidad de auxiliador.
Por las tres imputaciones fue detenido y vinculado a proceso, pero también fue ordenada su liberación en el mismo número de ocasiones. En un principio fue recluido en el Reclusorio Sur, pero el 5 de septiembre, Carmona fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.
El 13 de septiembre nuevamente se le había otorgado la libertad inmediata por el delito de feminicidio en su calidad de auxiliador; la Fiscalía capitalina ya no tenía elementos en su contra.
Un día después, elementos policiales de Morelos cumplieron una nueva orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de ese estado por la presunta tortura cometida contra Luis Alberto Ibarra Martínez, alias «El Diablo».
La misma institución se desistió de la orden de aprehensión, pero un juez de control en Morelos decidió relevar a la Fiscalía Anticorrupción del caso y dejar la investigación en manos de la FGR, por lo que el funcionario continuó preso.
Una jueza local del Morelos lo vinculó a proceso una semana después, no obstante, el 21 de septiembre, un tribunal federal nuevamente declaró fundada la queja que presentó la defensa de Carmona y determinó que la juzgadora violó su fuero constitucional al acusarlo de tortura, por lo que ordenó su libertad provisional.
Un día después abandonó el penal de máxima seguridad de Almoloya.
