CIUDAD DE MÉXICO. México es el único país en América Latina que aplica impuestos subnacionales al carbono, gracias a los que ha recaudado 886 millones de pesos, de acuerdo con el más reciente informe de MéxicoCO2.
Actualmente, seis entidades han implementado impuestos al carbono: Durango, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Zacatecas. Mientras que Tamaulipas y Colima están discutiendo si los implementan.
Los recursos obtenidos se destinan a acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, según MéxicoCO2.
Eduardo Piqueiro, director de la plataforma, aseveró que la trazabilidad de los recursos obtenidos a través de estos impuestos es fundamental para lograr un combate efectivo contra el cambio climático.
Los impuestos al carbono imponen un valor a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que las empresas pueden pagar o compensar reduciéndolas.
Piqueiro señaló que desde la adopción del primer impuesto local al carbono por parte de Zacatecas en 2017, la tendencia ha experimentado un crecimiento significativo.
Marco Antonio Del Prete, Secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, recordó que en dicha entidad el impuesto local al carbono se aprobó en 2022, pero fue hasta este año que comenzó a operar y a ser cobrado.
En 2023, Querétaro utilizó reducciones certificadas de emisiones para compensar el impuesto, lo que puso al Estado a la vanguardia en política climática a nivel nacional.
Esta compensación ha sido el único aporte verificado de reducciones de emisiones hacia los objetivos climáticos de México.
Del Prete detalló que en el caso de Querétaro, 10 empresas se han amparado ante el cobro del impuesto local.
«Pero no van a prosperar (los amparos) porque es un impuesto que está sustentado.
«Estamos apegados a un mecanismo de compensación e incluso se puede aprovechar como beneficio fiscal para el ISR», dijo.
Por su parte, Sergio Daniel Espinosa, subdirector general en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Estado de Guanajuato, insistió en que los amparos interpuestos por empresas para evitar por ahora el pago de impuestos al carbono son inevitables, pero mientras las leyes locales respecto a este gravamen estén bien fundamentadas será cuestión de tiempo para que las empresas terminen por hacerlos parte de su operación.
«Por eso la trazabilidad (de los recursos) es necesaria para que haya confianza y estructura y tengamos a todos los actores convencidos», aseveró.
Arely Sánchez
Agencia Reforma