ZACATECAS. “Vamos a presionar”, dijo el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, con relación al cobro de impuestos ecológicos.
Mencionó que tienen algunos acuerdos con empresas para el pago de este gravamen, y por tanto no pueden presupuestar cobros pendientes, “no sabemos la estrategia de las empresas, que nos vayamos a litigio”. Explicó que tienen auditorías abiertas. “Le apostamos a las figuras jurídicas”, reiteró Olivares Sánchez al referir los intentos que realizados para los cobros.
Francisco Jesús Espino Carrillo, director de Ingresos, mostró una gráfica en la que se refleja que los impuestos ecológicos representan 300 millones de pesos y hay una disminución de 14.2 por ciento. “Existe cierta resistencia para que se cubran estos impuestos”, puntualizó.
Espino Carrillo se refirió al impuesto sobre nómina como “el impuesto estrella”, con una recaudación estimada de 1 mil 124.7 millones de pesos. Los impuestos estatales generan una recaudación de alrededor de 2 mil millones de pesos.
Durante la comparecencia del equipo de la Secretaría de Finanzas en reunión de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Legislatura, se habló de la intención de hacer reformas legales para los asuntos de despidos y demandas laborales.
Emmer Echeverría Gálvez, procurador fiscal, habló de la necesidad de reducir los costos de las sentencias en contra de los entes públicos, promoviendo la sencillez de los procedimientos de rescisión laboral.
“Tenemos un problema, cada cambio gubernamental con los trabajadores de confianza, que no pueden formar sus equipos, principalmente los municipios”, expuso.
El funcionario explicó que al darle más celeridad a los casos, aunque al ente público no le den la razón, el costo del juicio será menor.
La subsecretaria de Egresos, Silvia Saavedra Juárez, comentó que los más de 38 mil 600 millones de pesos del paquete del presupuesto, 15 mil 202 millones son para servicios personales, capítulo mil, es decir, la nómina.
De este monto, 12 mil 120 millones de pesos son para la nómina educativa, 1 mil 337 millones para la de seguridad pública y 1 mil 744 millones para la de administración centralizada.