CIUDAD DE MÉXICO. El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hay responsabilidad en las altas autoridades civiles, pero también militares.
En su nuevo libro, titulado «¡Gracias!», el Mandatario refiere que pudo darse una confabulación de elementos de las Fuerzas Armadas.
«Extraigo la hipótesis de que, aunque hay responsabilidad en las altas autoridades civiles y militares, por permitir el contubernio entre autoridades locales y la delincuencia organizada, también pudo existir omisión y confabulación de algunos militares y hubo, sin duda, fabricación de delitos y ocultamiento de los hechos en días posteriores», señala.
En el texto, el Jefe del Ejecutivo descarta que se haya dado una instrucción para cometer el crimen desde la Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, o la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el General Salvador Cienfuegos.
«Considero que la desaparición y el crimen de Iguala no fue ordenado por el Presidente ni por el Secretario de la Defensa ni por ninguna autoridad federal de alto rango, sino que esta tragedia criminal e injustificable es producto fundamental de la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región», refiere.
En el análisis del Mandatario, los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 se registraron en medio de un ambiente de autoritarismo irracional y extremo, pensando que «podía darse un escarmiento a los jóvenes de Ayotzinapa, sin que pasara nada».
En el último de los 20 capítulos de su libro, López Obrador consideró que, aun cuando se trata de un caso complejo, no dejará pendiente el compromiso de aclarar lo sucedido y conocer el paradero de los jóvenes.
Expediente abierto
A ocho meses de terminar su sexenio, el Presidente advirtió que no cerrará por consigna las indagatorias del caso Ayotzinapa, por lo que siempre será un expediente abierto.
«En su momento daremos a conocer un reporte general amplio y con apego a la verdad, aunque desde ahora expreso que sea cual sea nuestro último informe, nunca cerraremos, por consigna política, este vergonzoso y lamentable caso y siempre será un expediente abierto», aseguró.
En una exposición de casi 18 páginas, el Jefe del Ejecutivo reconoció que «el asunto se complicó más de la cuenta», como consecuencia de la investigación viciada que se realizó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Tras enumerar las complicaciones del caso y cuestionar la conducta de actores involucrados, consideró que las pesquisas y los procesos han terminado en «todo un enredo, derivado de lo que puede ser considerado una confabulación o, cuando menos, una irresponsabilidad criminal».
Tal y como lo ha hecho durante los últimos meses, el tabasqueño arremetió contra el ex Fiscal Especializado, funcionarios de la FGR, jueces, integrantes del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
«En mayo de 2018 el Tribunal del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia que estableció las bases para la liberación de 62 detenidos, con el argumento de que fueron torturados», dijo.
«Y, en efecto, algunos de ellos fueron torturados, pero es un hecho que la mayoría de los absueltos estuvieron involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esa sentencia se concibió y elaboró con informes y argumentos de organismos internacionales (GIEI, CIDH) y es conocido que participaron integrantes del Prodh».
El Jefe del Ejecutivo acusó al Poder Judicial de arropar a quienes participaron en la desaparición de los normalistas, quienes fueron liberados y ahora son testigos colaboradores en el caso.
«La consigna ha sido obstaculizar la investigación para no llegar al fondo y seguir sosteniendo que fue el Estado, el Ejército y que nosotros también estamos fabricando otra verdad histórica para proteger a los verdaderos responsables», señaló.
Por otro lado, explicó que la extradición de Tomás Zerón ha podido concretarse desde Israel porque recibe la protección de empresas que vendieron equipos de seguridad a México.
Claudia Guerrero
Agencia Reforma