CIUDAD DE MÉXICO. Familiares de siete personas que fueron asesinadas y sepultadas en dos fosas clandestinas por el Ejército Mexicano durante la «guerra sucia» exigieron a la Fiscalía General de Guerrero la entrega de sus restos que desde hace más de cinco meses fueron exhumados en el Municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Los manifestantes protestaron adentro de las instalaciones de la FGE en Chilpancingo para pedir una audiencia con la Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Del 4 al 9 de septiembre del 2023, las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas realizaron trabajos de exhumación en dos fosas que fueron ubicadas en la comunidad de Espadachines, del Municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente.
Los trabajos terminaron con la exhumación de las siguientes personas: Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, Bartolo Rojas Nazario, Eduviges Zubillaga Ortiz, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Durán y el menor de 14 años, Pablo Rojas Durán.
Los restos de estas siete personas fueron trasladadas a las instalaciones de la FGE para que se les realizara los estudios de confronta genética.
«Ya casi se cumplen seis meses de que se exhumaron los restos de las siete personas y hasta ahora no vemos para cuándo la Fiscalía va a entregarlos a sus familiares para que les de sepultura», denunció Octaviano Gervasio Serrano, dirigente del colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos del Estado de Guerrero.
«Exigimos también que el gobierno haga comparecer ante la justicia a los militares que detuvieron, asesinaron y enterraron a las siete personas», afirmó Octaviano Gervasio.
En la protesta adentro de las instalaciones de la FGE participaron unas 50 personas.
Según Octaviano Gervasio, muchos de los militares que realizaron esas atrocidades durante las décadas de los setentas y ochentas, siguen vivos pero sin castigo.
Mencionó que en Guerrero el Ejército desapareció a mil personas y unas 600 las asesinó con el pretexto de acabar con la guerrilla.
Indicó que derivado de la exhumación de las siete personas en Ajuchitlán del Progreso se integraron tres averiguaciones previas.
Mencionó que una de esas tres averiguaciones tiene que ver con la desaparición de José Santos Rojas quien fue enterrado por los militares en la comunidad de Palos Altos, del Municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente.
«Estamos en espera de que el Gobierno realice la exhumación de mi tío quien era un campesino que nada debía y fue asesinado y enterrado en el monte por los militares en 1974», narró Carlos González Santos, sobrino de José Santos Rojas.
Antolina Rojas Bernardino recordó que ella era una niña cuando presenció cómo el Ejército se llevaba de su casa a sus familiares entre ellos a su sobrino Pablo Rojas Durán.
«Yo sólo escuchaba la balacera», narró.
«Por qué hizo eso el Ejército si todos eran gente de trabajo», dijo Antolina Rojas.
Los familiares de los desaparecidos y asesinados exigieron justicia.
«Estamos exigiendo que la Fiscal (Sandra Luz Valdovinos) nos dé una respuesta inmediata», expresó Octaviano Serrano.
Octaviano Serrano, quien tiene a su padre desaparecido, exigió que los gastos funerarios que harán los familiares de las siete personas exhumadas corran a cuenta del Gobierno.