Por la represión de la marcha del 8M, el Movimiento Feminista de Zacatecas exigió la destitución de los secretarios general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, así como del director de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera Murillo.
También demandaron al gobernador David Monreal Ávila una disculpa pública y el compromiso de la reparación integral del daño, mediante una comisión especial que articule a órganos autónomos de defensa y a las víctimas directas, para quienes solicitaron medidas de protección.
Este sábado, en conferencia de prensa, feministas explicaron que las manifestantes que fueron detenidas sufrieron tortura física y psicológica por parte de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), que están capacitados para combatir a la delincuencia organizada.
“Nos catalogaron como delincuencia organizada al enviar a la FRIZ a la marcha para detenernos”, denunciaron. Recordaron que, durante las acciones de la policía, en la Plaza de Armas aún había adultas mayores, mujeres con discapacidad, adolescentes e infantes, además de periodistas.
La activista Emilia Pesci Martínez puntualizó que, ante la gran cantidad de heridas durante la represión, se deberá contar con el apoyo y acompañamiento de las comisiones de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).
Tras recalcar que se violaron los derechos humanos de las asistentes a la protesta, agregó que también exigen la recuperación de pertenencias, como celulares y dinero, que fueron robados durante operativos de revisiones arbitrarias e ilegales.
Pesci Martínez señaló al gobierno del estado por intentar dividir al movimiento con un espectáculo musical, en el que las artistas e integrantes de colectivos, al enterarse de la represión en Plaza de Armas, se manifestaron contra la violencia ejercida por las autoridades.
Detenciones ilegales
La también activista Mara Muñoz Galván denunció que las detenciones durante el 8M fueron ilegales y arbitrarias, sin apego a los derechos humanos, porque la mayoría las realizaron hombres policías.
“Es muy grave lo que está sucediendo, tenemos que agotar las instancias para que haya legalidad en los procesos y poder denunciar con confianza”, subrayó.
Especificó que aprehendieron a 18 mujeres y las trasladaron a la comandancia de la Policía Municipal de Zacatecas.
A tres las liberaron después de 15 a 20 minutos, pero al resto las retuvieron una hora de forma ilegal; dos de las detenidas tuvieron que ser trasladas a un hospital, una por un esguince de cuello y múltiples golpes en el cuerpo.
Muñoz Galván exigió garantías para que las jóvenes puedan denunciar y que haya atención especial al caso, porque hay desconfianza por los antecedentes de impunidad en casos en que los servidores públicos se vieron involucrados y no se emitió sentencia alguna.
El Movimiento Feminista de Zacatecas afirmó que la represión a la protesta de mujeres fue con uso excesivo de la fuerza, por lo que reclamaron que “la paz no ha estado aquí, nombrarla en espectaculares y propagandas políticas no hace que exista”.
“Los eslógans son una violencia simbólica, una burla cobarde hacia una ciudadanía herida, con miles de víctimas directas y directas. Ayer se exhibió cómo y con qué se gobierna el estado: con tolete y gas lacrimógeno. Pero no van a contar nunca más con nuestro silencio, ya no tenemos miedo”.
Promete FGJE imparcialidad
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó mediante un comunicado que, con motivo de los hechos ocurridos el 8 de marzo en la Plaza de Armas y sus inmediaciones, se inició carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.
Por ello, se recabaron las denuncias que se presentaron de manera directa, lo cual se realizó en colaboración con la CDHEZ, y se pone a disposición de las víctimas un equipo de policías de investigación y peritos especializados en materia de perspectiva de género. Asimismo, la FGJE reiteró el compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial.
APUNTE
PLIEGO PETITORIO
1. La inmediata renuncia y la inhabilitación de cargos públicos del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes; el secretario de Seguridad Pública; Arturo Medina; y el director de Policía de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera.
2. Realizar una investigación profunda de los actos de intimidación y represión en la marcha 8M, pues se maquinó una emboscada porque se puso logísticamente un embudo para atrapar, amedrentar y reprimir a las manifestantes. En el operativo se incluyeron elementos de otros municipios, uso del helicóptero policiaco con francotiradores que dieron el banderazo de salida a agentes motociclistas que cargaban armas largas, a fin de continuar la persecución a las asistentes y generar un ambiente de terrorismo de Estado. Se sabe que, la noche del 7 de marzo, arribaron 400 elementos mujeres de la Guardia Nacional (GN) para previsiblemente intervenir en la manifestación, además de que se tenía una pipa de agua preparada que no fue usada en la represión.
3. Repudio a los ataques por ineptitud evidente, falta de capacitación y mala fe desde las autoridades gubernamentales y policiacas, porque tuvieron como víctimas a infancias presentes, mujeres con discapacidad y adultas mayores. Se solicita la disculpa pública y la reparación integral del daño al gobernador David Monreal, a través de una comisión especial, con acompañamiento de las comisiones de derechos humanos y de atención a víctimas. A la fiscalía del estado, se exhorta a realizar investigaciones con perspectiva de género, lo mismo en cuanto a los procesos que correspondan al Poder Judicial. Además, se piden medidas de protección para las víctimas.
4.- Trabajadoras del gobierno del estado fueron intimidadas para que no asistieran a la marcha del 8M; se exige que no sufran represalias por su desacato a esa orden ilegal e inmoral. Hubo intentona de dividir al movimiento feminista al proponerse un espectáculo musical en el que sorprendieron a las artistas y a integrantes del movimiento, al no precisar dónde y a qué hora se realizaría; participantes y asistentes se manifestaron contra la represión y violencia y Jaime Herrera, del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), pidió que bajaran del escenario. También se exige que se haga pública la erogación de recursos para proteger el Palacio de Gobierno y otros edificios del Centro Histórico, así como la reposición de celulares y dinero robado a las manifestantes en operativos ilegales de policías municipales y de seguridad vial.