Huatulco, México. Un grupo de 120 elementos de la Guardia Nacional llegó al campo de golf del empresario Ricardo Salinas Pliego, luego del decreto federal que declaró el lugar como área natural protegida.
En febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le exigió al dueño de TV Azteca el pago de impuestos y advirtió que el empresario se quedará sin el campo de golf que le fue concesionado en Tangolunda en Huatulco, Oaxaca.
«Mexicanos, grábenselo bien: Para los criminales abrazos, y para los trabajadores madrazos y balazos», reprochó ayer en sus redes sociales el presidente de Grupo Salinas (TV Azteca, Elektra, Total Play, Banco Azteca, Italika).
En su mañanera, AMLO dijo que Salinas Pliego impugnó el fallo y lamentó que deban esperar la decisión final de los jueces.
Grupo Salinas alegó que el campo de golf «Las Parotas» tiene una concesión que vence hasta 2027 y que el contrato de administración le fue otorgado porque cumple con las normatividades.
En un comunicado, señaló que el club tiene importancia para la actividad económica, turística y familiar de ese destino.
Asimismo, Grupo Salinas cuestionó al Gobierno de Oaxaca «por emprender una campaña en contra de un polo de desarrollo y prosperidad para la comunidad».
«¿Adivinen quién amaneció enojado y mandó a la GN a golpear al pueblo trabajador en Huatulco? Pobre pueblo al que burlescamente llaman «bueno y sabio», contra ellos y sus derechos laborales va la GN a desposeer al sindicato de empleados locales, la represión enviada por la secretaria de gobernación la niña esta de apellido Alcalde», posteó Salinas.
«Les voy a recomendar a los trabajadores que contraten a su papá Arturo Alcalde, que es experto en derecho laboral y tiene buenas conexiones, para que la regañe», añadió.
El nuevo decreto señala: «Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras y aguas, que se encuentren dentro de la superficie del parque nacional Tangolunda están sujetos a las modalidades que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas y en el presente decreto».
«Por tanto, están obligados a llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de preservación y conservación de los ecosistemas y sus elementos establecidos en el presente decreto, y deben respetar las previsiones contenidas en el programa de manejo y demás disposiciones jurídicas aplicables», indica.
Desde principios de enero, en medio de tensiones con el empresario, dueño de TV Azteca y Grupo Elektra, el Gobierno federal ventiló que la concesión del campo de golf tuvo una vigencia de 10 años, a partir de agosto de 2012, y que ahora una prórroga ya no era factible, ya que traspasarían a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 16 mil hectáreas de la zona, que antes administraba el Fonatur, para asegurar su conservación.
A finales de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al empresario el pago de más de 20 mil millones de pesos de impuestos y reiteró que se quedará sin su campo de golf.
«Se les planteó que se iba a hacer uso del terreno y que, si ellos estaban interesados, se iba a elaborar un avalúo… pero no aceptaron el precio de 500 millones de pesos», señaló en su mañanera.
«Entonces, se consideró que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión porque no recibía nada Fonatur… y ya se tomó la decisión de que se convierta en un parque, en una reserva natural, porque tiene una playa que queremos que sea pública», dijo AMLO.
Aunque reconoció que su decisión podría derivar en un litigio judicial, insistió en que la zona debe convertirse en un espacio público y protegido.
Manuel Alejandro Alvarez Torres
Agencia Reforma