CIUDAD DE MÉXICO. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el país expresó su respaldo a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en México.
En su cuenta de X hizo referencia a la próxima discusión del tema en la Suprema Corte de Justicia, relacionada con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la eliminación de esa figura.
La ONU-DH recordó que diversos organismos internacionales han advertido que su aplicación es violatoria de diversos derechos humanos.
«Ante el debate en curso en torno a la prisión preventiva oficiosa, reiteramos su manifiesta incompatibilidad con los derechos humanos», señaló.
«Así lo han sostenido los organismos internacionales de forma consistente y extendida. Saludamos todo esfuerzo por eliminarla».
El organismo detalló que la prisión preventiva oficiosa atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad personal y el derecho a la integridad física.
Incumple también, alertó, el deber de fundar y motivar la medida privativa de la libertad y el derecho a la revisión judicial, al tiempo que pone en cuestión la independencia judicial, la persecución eficaz de los delitos y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública.
En septiembre de 2023, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria urgió a eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana.
Al presentar las observaciones preliminares de su visita oficial de 12 días al país, expuso que de las aproximadamente 90 mil personas en detención preventiva en México en 2022, alrededor del 50 por ciento estaban sujetas a prisión oficiosa, y algunas han permanecido por más de cinoco años en esa condición.
El grupo advirtió que la prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias de sus opiniones y recordó que la Corte Interamericana la declaró como una violación a las obligaciones internacionales de México.
«Las autoridades mexicanas deben armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que la detención preventiva sólo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de que el acusado se fugue, cometa una reincidencia grave o manipule las pruebas o testigos», remarcó.