TLALTENANGO. El alcalde Miguel Ángel Romo Raudales acusó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de actuar “con imprudencia y abuso de autoridad”, durante la revisión y aseguramiento del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Lo anterior, luego de que elementos de la fiscalía aprehendieron a cinco policías municipales, incluido el director de la corporación, Jorge “N”, por su presunta participación en la agresión a un hombre tras un pleito en un mitin del alcalde con licencia, Salvador Arellano Anaya.
Mediante un video transmitido en redes sociales, Romo Raudales expuso que los elementos del 53 Batallón de Infantería a la DSPM informaron que revisarían el armamento, pero se aseguró a todo el personal de la dirección.
Reprochó que retuvieron a 48 elementos, además de tres civiles, entre ellos un menor de edad. Dos horas más tarde llegó el fiscal del Ministerio Público (MP) del distrito judicial de Tlaltenango, acompañado de ocho patrullas, cuatro unidades del Ejército Mexicano y una más de la Policía de Investigación (PDI). También hubo trabajadores de la administración municipal.
“Esto para ejecutar, según dijeron, una orden de cateo que había sido autorizada legalmente”. Se cumplieron dos actos simultáneos: el primero, la detención de cuatro municipales y el segundo, un cateo limitado a verificar la existencia de cámaras de seguridad para acceder a los registros.
“Dicha orden fue violada por los elementos de la fiscalía al extenderse en aspectos que no estaban contemplados, pues aún no contaban con la orden de cateo y de aprehensión, lo que finalmente realizaron”, criticó el alcalde.
SIN ORDEN
“Hubo violaciones flagrantes a los derechos de los detenidos y a la propia orden dada por el juez, ya que la retención de los municipales fue hecha sin contar con la orden de aprehensión, privándolos de su libertad y después, al cumplimentar el cateo, se extendieron de lo fijado por el juez”, insistió Miguel Ángel Romo.
Cuestionó que los agentes de la fiscalía aseguraran vehículos de la corporación, sin informar el destino final de los detenidos ni de los bienes muebles, “entre muchas otras irregularidades”.
“Como ciudadano, quisiera ver con esa misma energía y despliegue de recursos para perseguir delincuentes, para desahogar carpetas de investigación que tienen años rezagadas para otorgar justicia a mujeres que han sido golpeadas y violentadas, para buscar justicia a aquellas familias que tienen hijos desaparecidos y a los miles de muertos que han sido tratados como una estadística más”.
El presidente municipal defendió que los policías aprehendidos “solamente cumplían sus funciones el domingo por la noche”, por lo que afirmó que el gobierno de Tlaltenango los respaldará a ellos y sus familias.
Exhortó a los niveles de gobierno y a los Poderes del Estado “a que volteen a ver este atropellamiento a los derechos humanos de nuestros compañeros” y pidió que se informe del paradero y estado de salud de cada uno de ellos.
“Fue conforme a la ley”: fiscal
El fiscal Cristian Camacho Osnaya informó que desde un día antes contaba con las órdenes de aprehensión contra el director de la Policía Municipal de Tlaltenango, Jorge “N”, y cuatro elementos de la corporación, detenidos este jueves. En la comandancia, reveló, encontraron despensas.
Luego de que el alcalde Miguel Ángel Romo Raudales acusara presuntas irregularidades, Camacho Osnaya aclaró que la orden de cateo se realizó conforme a derecho y que durante la actuación del Ministerio Público estuvo presente personal del ayuntamiento.
Puntualizó que las acciones fueron legales. Desmintió que sean desconocidos el paradero y el estado de los agentes detenidos, pues tanto a ellos como al gobierno municipal se les hizo saber los motivos de la aprehensión y “se les explicaron sus derechos”, además de los lugares adonde serían trasladados.
DETECTAN DESPENSAS
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) explicó que a los policías se les formuló “imputación por lesiones y abuso de autoridad”, no por delitos electorales.
Esto derivado de una denuncia que presentó una tercera persona y no el afectado durante la trifulca del 14 de abril en el arranque de campaña del alcalde con licencia Salvador Arellano Anaya, candidato a la reelección de Fuerza y Corazón por Zacatecas (PRI-PAN-PRD).
El denunciante “aportó diversos datos de prueba que fueron suficientes”. Este mismo jueves, apuntó el fiscal, se puso a disposición del juez a las personas requeridas, se presentaron los defensores particulares y están a la espera de la resolución de su situación jurídica.
Agregó que ese mismo día, personal del Ejército Mexicano acudió a revisar la licencia oficial colectiva de armas, un trámite administrativo, y la FGJE efectuó sus propias diligencias, previa notificación al ayuntamiento, que envió a personal encabezado por la síndica Melissa Pérez Martínez.
Cristian Camacho que al ingreso a la comandancia se detectaron dos vehículos con despensas, de las que el personal de la corporación no pudo acreditar la procedencia. Por diversos hechos, puntualizó, se dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”.