ZACATECAS. Durante 2023 se realizaron 56 juicios abreviados y en lo que va de este año se registran 10 delitos contra la mujer, lo que permitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) aligerar las cargas de trabajo, además de brindar una justicia pronta y expedita a las víctimas.
Fátima Xóchitl Encina Arroyo, fiscal especializada en Atención a Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, detalló que los dos últimos casos resueltos mediante este mecanismo fueron los de Miguel Ángel “N” y César “N”, por perpetrar el delito de feminicidio en contra de su pareja y su madre, en Guadalupe y Jerez de García Salinas, respectivamente.
Destacó que estos procedimientos abreviados permiten la reducción de las penas, de la mínima hasta un tercio menos.
Aseguró que dicho mecanismo beneficia tanto a las víctimas y a la persona imputada, al evitar un juicio oral, siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo.
Explicó que este mecanismo se instituyó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se especifica que la FGJE tiene la facultad de solicitar “penas que significan un beneficio para la persona imputada o acusada de alguno o algunos delitos; esto permite valorar ciertos aspectos como la ejecución del delito, los antecedentes de la persona, la sanción, la pena, que se garantice la reparación del daño, entre otros”.
Acuerdo de la FGJE
Fátima Xóchitl Encina puntualizó que el fiscal general de Justicia, Cristian Paul Camacho Osnaya, mediante un mecanismo para los fiscales del Ministerio Público (MP), delega a ciertas unidades administrativas de la fiscalía esta facultad o atribución para poder autorizar los procedimientos abreviados.
Con ello, argumentó que se les faculta para revisar los casos y aplicar este juicio abreviado no solo en los casos de feminicidio, sino en cualquier tipo de delito, “en todos podemos tener esta posibilidad de la salida alternativa de procedimiento mediante un mecanismo de aceleración”.
Enfatizó que en este mecanismo, la ley prevé la participación de las víctimas, que “es indispensable en el proceso penal”, por lo que en cada decisión que se toma se les consulta.
Despresuriza las instituciones
Además del beneficio que este mecanismo brinda al imputado y a la víctima, la fiscal enfatizó que permite despresurizar las instituciones, además de que “la justicia llegue de manera pronta y expedita como dice la ley”.