ZACATECAS.El ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, urgió reformar la constitución política del país para homologar los criterios de la prisión preventiva oficiosa que declaró como violatoria la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Insistió que al no existir reglas claras al respecto “hay jueces que dictan la prisión preventiva oficiosa y otros que no, porque para su eliminación se requiere la reforma constitucional”.
Destacó que privar de la libertad a una persona, sin una causa plenamente justificada, es una arbitrariedad que violenta la presunción de inocencia; sin embargo, cuando existe el riesgo fundado de sustracción de la justicia o que represente un riesgo la libertad de cierta persona, es cuando se justifica.
Nahle García precisó que en México, pese a la declaratoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “seguimos otorgando prisión oficiosa” porque sigue contemplada en la Constitución Mexicana.
Esta situación se ha vuelto un problema, indicó al detallar que en Zacatecas y en el país hay jueces que la siguen aplicando en los casos de delitos graves, cuando debiera aplicarse solamente en los casos anteriormente expuestos.
Por lo anterior, puntualizó la importancia y urgencia de reformar la constitución para “empatar” este asunto, aunque pareciera que los legisladores “van hacia atrás en el tema, ya que en lugar de hacerlo, siguen pretendiendo ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.
Destacó que acatar estas resoluciones no implica liberar delincuentes, pero aclaró que no puedes encerrar a un presunto responsable hasta que haya una resolución en su contra o si el Ministerio Público (MP) presenta elementos que ameriten prisión justificada durante el proceso.
JUSTIFICADA
Iván Casas, abogado penalista del estado, indicó estar de acuerdo con la resolución de la corte interamericana, ya que con ello se respetan los derechos de las personas en relación a la presunción de inocencia.
Al igual que el ex presidente magistrado, destacó que todas las personas merecen se les respete su derecho a la presunción de inocencia, y con ello no implica que los jueces liberen delincuentes.
Precisó que los jueces están obligados, en todos los casos, a llevar a cabo los procesos penales con los presuntos responsables en libertad, a menos de excepciones que solicite el MP.
El penalista señaló que está a favor de estos procedimientos legales, ya que con ello se garantiza evitar casos en los que las autoridades mantenían a personas inocentes detenidos, en ocasiones varios años, y al no encontrarlos responsables simplemente decir: “ay disculpe”.
Destacó que, en ese sentido, hay más garantías de una mejor aplicación de la justicia, ya que independientemente de los delitos, graves o no, si no hay elementos suficientes del MP que justifiquen prisión, es ilegal realizar un juicio con el presunto responsable detenido.