La Legislatura de Zacatecas aprobó un dictamen para sancionar con ocho y hasta 16 años de prisión a quien cometa el delito de extorsión en sus distintas modalidades, como el cobro de piso, amenazas telefónicas para exigir dinero, entre otras.
Además, plantea castigos de cuatro a ocho años de cárcel a quien coloque ponchallantas, clavos, varillas y otros materiales para impedir el paso de vehículos o dañarlos, pues se considera un atentado contra la seguridad.
En dicha iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, se consigna que del 1 al 30 de septiembre de 2023 se registraron 347 carpetas de investigación por el delito de extorsión, de las que 51 correspondieron al cobro de piso.
El diputado Juan Mendoza Maldonado, presidente de la Comisión de Vigilancia, advirtió que además hay una cifra negra de estos delitos. “La extorsión, en su modalidad de cobro de piso, está afectando no solo el turismo, sino la actividad económica del estado”, puntualizó.
El perredista estimó que son 15 giros en los que está presente el crimen en dicha modalidad, como en la venta de chatarra y ganado, comercialización de frijol, entre otros. “Es una actividad que está proliferando en el estado”, afirmó.
Lamentó que los empresarios que son víctimas de extorsión tienen tres opciones: cambiar de ubicación su establecimiento, cerrar su negocio o ceder a las exigencias de los criminales para entregar dinero, en cuyo caso se convierten de alguna manera en empleados de éstos.
Maribel Galván Jiménez, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó que con este proyecto de reforma se dará herramientas a los fiscales para castigar este delito.
La iniciativa tipifica diversas modalidades de extorsión, como hacerlo mediante amenazas por teléfono o medios electrónicos, que se exija el pago de una deuda simulada o se provoque un choque vehicular con los mismos fines.
Además, “el delito de extorsión se perseguirá de oficio cuando el Ministerio Público (MP) tenga noticia por cualquier medio de su ejecución en perjuicio de cualquiera de las actividades económicas o productivas del estado”.
La reforma establece penas de ocho a 16 años de prisión para quien cometa el delito de extorsión. Las sanciones se pueden endurecer cuando la víctima sea menor de edad o mayor de 70 años, embarazada, persona con enfermedad terminal o que “no comprenda el significado del hecho”.
Asimismo, cuando el delito se cometa desde un centro penitenciario, que los extorsionadores estén armados o simulen estarlo, y cuando la víctima se dedique al comercio.
En el caso del bloqueo a vehículos con ponchallantas o daños a las unidades, el daño se considera un atentado contra la seguridad y se plantean castigos de cuatro a ocho años de cárcel.
TABLA EXTORSIONES
AÑO CASOS
2020 362
2021 486
2022 485
2023 347 (Ene-Oct)
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)