ZACATECAS. El paquete de leyes aprobado por la Legislatura considera candados para cuidar las finanzas públicas y que, en caso de irregularidades, pueden derivar en sanciones para los funcionarios, informó el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez.
Además, si se trata de contraer una deuda que rebase los 1 mil 500 millones, se debe realizar una consulta ciudadana. Será el mayor legado del gobernador David Monreal Ávila, consideró el funcionario estatal.
Con 24 votos a favor y cinco en contra, en la sesión ordinaria de este martes, los diputados locales aprobaron en un solo decreto las leyes de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera, Antiquebranto, y de Financiamientos, Empréstitos y Deuda Pública.
El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) explicó que el Poder Ejecutivo tiene tres meses para expedir un reglamento.
“Se dio un plazo de tres meses para que alguna parte de la reglamentación se pueda ajustar, porque en la Ley Antiquebranto tenemos otro mecanismo, que nos va a permitir invadir la competencia, por ejemplo, de la Función Pública, de poner intervenir algunos entes descentralizados”, puntualizó.
De acuerdo con Olivares Sánchez, se contempla intervenir y verificar el manejo de recursos en estos organismos, como el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez). “Si vemos alguna expresión irregular, por supuesto que daremos vista a la Función Pública”, advirtió.
También mencionó que en estos casos se puede recurrir a mecanismos de corrección para complementar la administración y control financiero en estos organismos descentralizados.
Ricardo Olivares resaltó que la Ley Antiquebranto es algo innovador a nivel nacional, “ni el gobierno federal la tiene”, e incluso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) celebraron la iniciativa y pidieron un informe al respecto.
“Esto es histórico para Zacatecas, es un parteaguas en materia de finanzas públicas”, recalcó el funcionario. Destacó que estas disposiciones, que contemplan candados para cuidar las finanzas públicas, pueden derivar en sanciones para los propios funcionarios.
Expuso que estas leyes establecen que cada administración esté obligada a entregar todos los flujos que cubran pasivos, obras inconclusas y subejercicios, para evitar problemas que suelen ocurrir con los cambios de gobierno.
La ley también establece que no se puede contraer deuda a largo plazo si ya hay una vigente, hasta volver a llegar a niveles convenientes.
“Todavía nos faltan 14 años de deuda para liquidar, entonces es difícil que alguien se pueda endeudar”, enfatizó el secretario de Finanzas.
Además, “si se trata de un endeudamiento que rebase los 1 mil 500 millones se debe hacer una consulta ciudadana, esa es parte de las innovaciones”.
Ricardo Olivares agregó que los cortos plazos se reducen a 50 por ciento y aclaró que en el caso de los Municipios “no se trastoca nada, se respeta el [artículo] 115 constitucional”.
La creación de fondos de saneamiento financiero, así como políticas de acciones de prevención en caso de una caída de las participaciones federales, son otras disposiciones. Lo que se busca es mantener el equilibrio financiero.
La deuda pública del estado es de aproximadamente 6 mil 820 millones de pesos. Olivares Sánchez recordó que en el sexenio de Miguel Alonso Reyes se recurrió a una deuda de alrededor de 3 mil millones para el pago de nómina magisterial, “es absurdo”, consideró.