Las cuestiones agrarias
El 28 de octubre de 1914 se propuso en la Soberana Convención la adopción del Plan de Ayala, como del programa de la Revolución; ah, y desconocer a Venustiano Carranza como líder revolucionario. El Plan era la bandera del zapatismo. En él se proponía la restitución de la propiedad rural a los poseedores originarios y modificar la tenencia liberal de la propiedad.
En Zacatecas, pese a insistir en definirle como villista, las acciones distan de estar en ese espectro. Tampoco es partícipe del carrancismo. Las motivaciones de los dirigentes de la fase revolucionaria de 1913-1915 sitúan rasgos diferenciados -en otras entregas escribiremos de ello-.
En cuestión agraria es dable asentar: el 8 de agosto de 1914 Pánfilo Natera promulgó un decreto en materia de propiedad. Lo hizo como gobernador militar y jefe de la Primera División del Centro.
En los considerandos señaló que no todos los hacendados colaboraron con el gobierno usurpador del general Huerta; pues hubo quienes ayudaron a los revolucionarios.
Indicó que a los filohuertista los castigaban. En paralelo, para fomentar la riqueza de los desheredados y “extirpar las prácticas abominables de feudalismo que engendraron la esclavitud de los peones”, se intervendrían algunas haciendas del estado.
La intervención era una acción diferente a la confiscación de todas las haciendas que Natera ordenó hacer el 27 de junio de 1914. La marca diferente del agrarismo inicial en Zacatecas fue la intervención gestionada por un Departamento Agrario.
Además de esa acción, fueron anuladas las deudas de los trabajadores con los propietarios. Complementario a lo anterior, también les confiscaron las propiedades urbanas en la capital del estado. Se indicó: la ocupación permanecería hasta que fuesen expedidas las leyes agrarias del país.
Leobardo Muñoz, Ambrosio Romo, Julio Peredo, Rito Soto, Fernando Sansalvador y Manuel Moreno integraron la Comisión Agraria del Estado (los nombró el gobernador Trinidad Cervantes). El manto invocado para legitimar las acciones fueron los planes de Ayala y San Luis Potosí, así como las órdenes de la Convención Revolucionaria. La Comisión Agraria fue instituida el 21 de noviembre de ese año.
Tras el nombramiento, el gobernador Cervantes comenzó a urgir la redacción del reglamento y las labores de administración que trajeron los cambios de propiedad. Pero los consejeros del gobernador alegaron exceso de trabajo gubernamental.
Ambrosio Romo era ingeniero. Está casado. Labora en el Instituto de Ciencias y reporta los denuncios federales de minas. Soto y Sansalvador son abogados egresados del Instituto de Ciencias. En los últimos días de noviembre están discutiendo la reorganización del Poder Judicial del estado.
Palacio de Gobierno. Diciembre 9 de 1914
El gobernador Trinidad Cervantes Román y el secretario Gilberto Vázquez del Mercado firmaron un decreto para regresar las haciendas de San Tiburcio y El Calabazal a sus propietarios legales. Los lugares están en el inmenso desierto de Mazapil. El mandamiento lo hizo en uso de las facultades extraordinarias cuya legitimidad provenía de la Soberana Convención de Aguascalientes.
El decreto, cuya redacción fue transcrita a máquina al oficio 1616 por el profesor Genaro Valle y Muñoz, da cuenta de las diligentes negociaciones entre el gobierno revolucionario y los hacendados de la entidad. La orden del decreto era la desintervención de las haciendas, se hizo en reconocimiento al apoyo que los dueños brindaron a la causa constitucionalista.
La cesión de la administración se condicionó a que los propietarios pagaran más impuestos, como contribución extraordinaria; invertir en enseres modernos para trabajar la propiedad; el comercio debía ejercerse con libertad y monedas autorizadas.
En cada propiedad sería establecida una escuela de niños y otra para niñas, con profesores titulados. El gobierno se comprometió a dar “las garantías necesarias para el desarrollo de las labores y el bienestar de los habitantes”.