ZACATECAS. La Comisión Permanente convocó a un periodo extraordinario de la LXIV (64) Legislatura para las 11 horas de este lunes 29 de julio, sin fecha de clausura, a fin de conocer y desahogar el dictamen aprobado la madrugada de este viernes por la Comisión de la Función Pública para la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac). La propuesta tuvo nueve votos a favor y uno en contra de la diputada Martha Rodríguez Camarillo, de Nueva Alianza.
Tecnisismos
La diputada Gabriela Pinedo Morales destacó que el dictamen aprobado para la reforma a la Ley del Issstezac no considera la complementariedad de pensiones para jubilados y trabajadores activos, además de que existe respeto a los derechos adquiridos de los sindicatos.
Explicó que debido a que quienes exponen son muy técnicos no es muy fácil comprender ni queda claro a qué se refieren con nuevas generaciones: “pensamos que somos los trabajadores activos, es a futuro, porque ninguna reforma puede ser retroactiva”.
Refirió que se garantiza que no habrá afectaciones a los derechos de los trabajadores, “porque eso es imposible”.
Pinedo Morales consideró que ve una posibilidad positiva para la aprobación, pero aún no es un tema cerrado, pues apenas pasó a la Comisión de Función Pública, la cual propone un proyecto de dictamen que todavía tiene modificaciones.
Puntualizó que para que sea aprobada se requiere una mayoría simple, es decir, 16 diputados porque es un dictamen que viene de comisiones y es un trámite como cualquier reforma.
Agregó que como parte de la reforma a todos los legisladores les interesa encontrar quién saqueó al instituto y urge ponerle tiempos a la auditoría, “esto nos asegura que no se va a seguir pateando el tema, el bote y saber si todavía están en tiempos de que se les finge en responsabilidades”.
Expuso que durante el parlamento abierto quedó claro que por las condiciones en las que se encuentra el Issstezac está al borde de la extinción porque ya no tiene solvencia para responder a los 700 derechohabientes que solicitan su pensión, que cumplieron con todos sus requisitos, hicieron su parte y el instituto no puede dar respuesta.
Agregó que se justifica que tanto la gente como los legisladores tengan derecho a saber quiénes son los culpables de esa quiebra, “y si están en tiempos de que se finquen responsabilidades se hagan”.