MIGUEL AUZA. Habitantes de la cabecera municipal advirtieron que no están de acuerdo con que el ayuntamiento pretenda desincorporar la única reserva territorial de 7 mil metros cuadrados para venderlo a una inmobiliaria y fraccionarlo para construir viviendas.
Informaron que en 2013 este terreno se adquirió con el fin de edificar una escuela, pero pasó el tiempo y nunca se hizo y ahora, Armando Perales Gándara, quien ha sido en tres ocasiones presidente, quiere venderlo, aseguraron, para repartir finiquitos y liquidaciones al concluir la administración municipal.
Dijeron los quejosos que hace 15 días tomaron la presidencia municipal para exigir que no se desincorpore este terreno. Primero manejaron que se vendería para dar abonos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el adeudo histórico, pero ahora, afirman que lo quieren utilizar para otros fines.
El predio se ubica en el barrio de Los Pizcachas y sirve como estacionamiento del Panteón Municipal, ya que se ubica a un costado.
Los afectados con la decisión que pretende el alcalde Armando Perales y el ayuntamiento, resaltaron que son más de 24 mil habitantes en Miguel Auza y no tiene un banco, una institución educativa de nivel universitario o un centro de atención médica que brinde servicio las 24 horas y los 365 días del año.
Por ello dijeron estar en contra de que se pretenda vender el terreno a particulares, cuando durante la pandemia el presidente en turno y regidores se subieron 40 por ciento el salario, por lo que tomaron la presidencia para exigirles que desistieran de ese aumento que sigue inamovible, “pero sí quieren afectar al municipio”.
Después, los inconformes dijeron que acudieron a la Legislatura local para conseguir respaldo; al mantener la presión, lograron que se sellara un documento oficial en el que tanto el alcalde como los regidores se comprometieron a no vender el terreno, pero no confían, ya que el documento puede revocarse con un acuerdo de Cabildo.
POSTURA LEGISLATIVA
En la sesión legislativa del miércoles, la diputada Zulema Yunuén Santacruz Márquez expuso en tribuna sobre este caso, del que, recordó, fue aprobado como dictamen el 18 de junio, en sesión ordinaria, en el que se da autorización al ayuntamiento para enajenar bajo la modalidad de compra-venta dos inmuebles en su inventario municipal.
Por ello, pidió que sea revocado el dictamen ya que “la ciudadanía tiene razón fundada”, ante lo que exhortó a los diputados a echar atrás el dictamen, “ya que no se realizó un estudio de fondo de los antecedentes del terreno y los recursos del fondo 4 con que fue adquirido”.
Además, afirmó que no se tuvo información oportuna de la ciudadanía ni las peticiones de ellos a favor del destino para el que originalmente se adquirió el predio, por lo que pidió valorar, para no vulnerar a los habitantes.