Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común, advirtió que con la información difundida por la Mesa Estatal de Construcción de Paz sobre las policías municipales se deja sin protección a estas corporaciones y se debe apostar por un modelo desmilitarizado de seguridad.
“Es un caso muy raro que un gobierno reconozca abiertamente el estado de desmantelamiento que tienen sus elementos de seguridad”, puntualizó el especialista de la organización de nivel nacional.
En la reunión con alcaldes celebrada el martes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reveló que las policías de 17 municipios están en focos rojos, pues enfrentan déficit de personal, operan sin certificación para portar armas e incluso hay sospecha de vínculos con la delincuencia organizada.
En ese sentido, el investigador reconoció que a partir de esta información es necesario trabajar en la homologación de capacidades, sueldos y prestaciones, además de insistir en la desmilitarización de la seguridad pública.
Expuso que la propuesta de las autoridades estatales en esta reunión claramente es seguir dependiendo de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es decir, reemplazar a las corporaciones municipales con las Fuerzas Armadas, las cuales considera que “también presentan muchas deficiencias”.
Aseguró que optar por esta medida es mantener la apuesta por un modelo de seguridad militarizada, que evaluó no ofrece resultados, sino por el contrario, “acarrea muchas problemáticas, inseguridades, se deja de lado un componente esencial para salir del atolladero de la crisis de inseguridad, que es contar con instituciones civiles profesionales, bien financiadas y capacitadas”.
Escobar Ayala argumentó que las policías municipales son el ejemplo claro de las deficiencias institucionales de las corporaciones en México.
“Hay déficit en la cantidad de policías, muy por debajo de los estándares que necesita el país, hay problemas en la certificación, de tal manera que no tenemos elementos policiales ni con las credenciales ni con los requisitos de experiencia o capacitación para desempeñarse en el cargo”, destacó.
Explicó que dicha situación revela la debilidad de las instituciones de seguridad civiles, que es consecuencia de una desatención presupuestal con la eliminación de fondos, además de un abandono político, debido a que este sexenio que se apostó por la militarización.
Falta de diagnósticos
El investigador reconoció que existe una ausencia de diagnósticos claros sobre la realidad del país, lo que dificulta avanzar hacia la homologación plena de las capacidades de las corporaciones policiales. “Si sabemos que las policías tienen estas deficiencias, se tendrían que destinar mayores recursos; sin embargo, marchamos en la dirección contraria”, sostuvo.
Expuso que la seguridad pública es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, por lo que destacó la importancia de definir los ámbitos de competencia de cada uno, que se destinen los fondos adecuados para fortalecer los eslabones que reporten deficiencias y se trabaje en la coordinación.
Aspectos a mejorar
Para mejorar este panorama, Fernando Escobar subrayó que es necesario “un cambio de paradigma”, es decir, construir paz y seguridad a partir de instituciones y un abandono paulatino de las Fuerzas Armadas.
“Una apuesta verdadera por la desmilitarización de la seguridad pública y el consecuente apoyo político del apoyo con recurso, financiamiento para mejorar la situación laboral de los policías, la infraestructura de las academias y atender el déficit de policías que se tienen en el país y el estado”.
Ante el déficit en las corporaciones locales, advirtió que hoy en día el promedio nacional de policías es de 0.7 por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar debería estar en 1.8.
Por ello, mencionó son varios factores a mejorar, como prestaciones adecuadas por los riesgos que enfrentan el personal, becas educativas para sus hijos, seguridad social que se extienda a sus familiares, además de una apuesta a la formación. De no realizarse las mejoras, anticipó que el número de elementos no va incrementar.
“Son prestaciones que abonan al estado de indefensión en el que se encuentran las policías, sobre todo si se encuentran frente a la expansión de organizaciones criminales, es decir, si no tienes certificados a las policías en el uso de las armas, solo es otro factor que te habla de la desprotección institucional”, enfatizó el experto.