CIUDAD DE MÉXICO. Diputados federales de Morena presentaron una solicitud de juicio político y denuncia penal contra los dos jueces que otorgaron suspensiones provisionales a la discusión de la reforma judicial.
Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, informó a través de redes sociales las acciones que tomaron contra Martha Eugenia Magaña, jueza Quinta de Distrito en Morelos, y de Felipe Consuelo Soto, juez Tercero de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, por lo que tachó como una «burda invasión de incompetencia».
«¡La Reforma al Poder Judicial nadie la va a parar», aseguró.
Previamente, en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, encabezada por Gutiérrez Luna, Ricardo Monreal mencionó que no se pueden someter a la tiranía de la toga y el birrete, en alusión a las suspensiones dictadas, las cuales calificó de improcedentes al argumentar que violan la Constitución y el principio de legalidad.
«La ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten, por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete (…) Los quieren colocar como héroes, no son más que vulgares, vulgares violadores de la constitución», expresó el morenista.
En el mismo tono se pronunciaron los representantes del PVEM y PT, partidos aliados de Morena, quienes desestimaron las suspensiones y advirtieron que no habrá ni dilataciones ni tácticas que impidan la discusión de la reforma judicial.
La jueza Martha Eugenia Magaña otorgó el viernes una suspensión provisional, en la que ordena que el dictamen no afecte a los cuatro Jueces federales que promovieron el amparo.
«Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva Legislatura (que se instala este lunes)», dice la suspensión dictada en el amparo 1251/2024.
Por su parte, el juez Felipe Consuelo concedió ayer una suspensión provisional, que no frena la discusión de la reforma, pero sí impide que se concrete.
En el amparo 1190/2024, señala que las Cámaras pueden continuar con el proceso legislativo, pero si aprueban el dictamen, les prohíbe enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales, de las que al menos la mitad más una tiene que dar su aprobación para completar la reforma a la Constitución.