En esto creo
Hace dos años, Julio Ríos Figueroa advirtió, en Poder Judicial y Democracia, la posibilidad que el Poder Judicial (PJ) fuese reformado para procurar controlar el Estado desde el gobierno, en detrimento de la pluralidad y las minorías que no forman las mayorías, ambos conjuntos son comunidades legales (partidos políticos) e imaginarias (integrantes aglutinados en torno a un líder y una plataforma de ideas).
Río Figueroa escribió: “El Poder Judicial es clave para la solución pacífica de conflictos. Los jueces, magistrados, ministros, y toda la gama de servidores públicos de la rama en sus distintas adscripciones, trabajan para resolver disputas entre ciudadanos, entre instituciones del Estado, y entre éste y la ciudadanía”.
La eficacia de la intervención del PJ en la resolución de controversias depende de su independencia frente a las partes en conflicto y del uso inteligente e informado de normas y criterios preexistentes para solucionar cada caso en particular.
Si los jueces no son independientes, sus resoluciones tenderán a ser sesgadas y generarán suspicacias. Igualmente, si los jueces no son capaces, si no tienen los méritos necesarios y su formación es deficiente para utilizar las leyes y criterios preexistentes en la solución de conflictos, sus decisiones tenderán a ser poco convincentes e ineficaces.
Por ello, independencia y capacidad son dos elementos necesarios para que los jueces puedan resolver conflictos satisfactoriamente.
El PJ es fundamental para la democracia. A través de la resolución de conflictos cumple dos funciones esenciales: limita el ejercicio arbitrario del poder gubernamental mediante su participación en el sistema de frenos y contrapesos, y garantiza el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la ciudadanía.
Además, es una barrera efectiva contra los intentos expansivos del órgano representativo mediante su facultad de anular las leyes inconstitucionales.
Al cumplir su función constitucional, un PJ independiente y capaz habilita al gobierno para actuar de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, y permite que los ciudadanos ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones.
Sin embargo, el PJ es también el más vulnerable de los tres poderes del Estado. A diferencia del Ejecutivo y Legislativo, el Judicial “no controla ni la espada, ni la bolsa”.
En efecto, el Ejecutivo tiene la capacidad de comandar los recursos estatales del uso legítimo de la fuerza y también se encarga de la implementación de las leyes y las políticas públicas.
El Legislativo, por otro lado, cuenta con la capacidad de hacer las leyes y, entre ellas, las presupuestales que determinan tanto la forma en que el Estado obtiene recursos como la forma en que los gasta. Los poderes Ejecutivo y Legislativo son, además, directamente electos por la ciudadanía.
Derivado de lo anterior, el PJ resulta más eficaz cuando enfrenta un contexto de gobierno dividido y es más fuerte cuando sus decisiones y/o su comportamiento logran construir legitimidad entre la ciudadanía y logran el apoyo de la opinión pública.
Sigo a Ríos Figueroa: sin embargo, por diversas razones, de vez en cuando líderes y mayorías legítimamente electas buscan, mediante reformas constitucionales o legales, cimentar su control del poder político y dificultar una futura victoria de una mayoría alternativa.
En otras palabras, rompen el compromiso del respeto a las reglas básicas del juego democrático alterándolas con el objetivo de desplazar o minimizar otras voces y fuerzas políticas.
Y lo hacen no mediante un golpe de Estado, sino después de ganar una elección y mediante decretos, leyes y reformas. Estas acciones son particularmente peligrosas porque avanzan camufladas con el ropaje jurídico de la legalidad democrática, pero erosionan paulatinamente el andamiaje institucional del régimen, hasta desfigurarlo y hacerlo inoperante.
Tomado de Julio Ríos Figueroa, Poder Judicial y Democracia (México, INE, 2022). Las comparto, porque coincido.