CIUDAD DE MÉXICO. Las bancadas del PRI, MC y PAN en el Senado de la República reprobaron la denuncia que presentará la Consejera Jurídica de la Presidencia contra la jueza Nancy Juárez por haber ordenado la eliminación del decreto de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
«Es una manifestación de guerra. Es autoritarismo, es la fractura evidente de la República en los hechos. Es la persecución del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, es su sometimiento. Al que me dicte una sentencia, al que levante una suspensión de amparo, lo voy a perseguir», resumió la senadora priista Claudia Anaya.
En opinión de la parlamentaria zacatecana, el anuncio «es un pésimo ejemplo para la iniciativa privada, para cualquier ciudadano y para otras autoridades menores, porque les están diciendo que si no les gusta una sentencia, no la acaten».
«Lo que quiere la Presidenta es que ella quiere un Poder Judicial que no le ponga límites al poder. Ella quiere un Poder Judicial que no sea el interpretador de la ley. Ella quiere ser la interpretadora de la ley. ¿Ante qué estamos? Ante una reforma con la que se pretende coptar al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo quiere coptar al Poder Judicial y ya tiene al Poder Legislativo.
«Es terrible lo que están diciendo. Esas mañanas se convierten en una declaratoria de guerra hacia los poderes y sin desenfado se ponen a hablar hasta de delitos. Esto es una crisis constitucional ya: o sea, el Poder Ejecutivo en desacato del Poder Judicial. Estamos ante una crisis constitucional.»
El senador Clemente Castañeda, jefe de la bancada naranja, coincidió con la priista Anaya.
«En Movimiento Ciudadano, rechazamos la persecución política que se ha desatado contra las personas juzgadoras y defendemos el Estado de derecho que hoy en día el régimen socava un día sí y otro también», planteó.
«La mal llamada reforma judicial, que pretende capturar políticamente al Poder Judicial, ha agudizado una crisis que puede tener graves consecuencias para México. Una cosa es combatir una resolución judicial por la vía de la legalidad y otra muy distinta es descartar o ignorar la ley en un claro abuso de poder. Eso y promover la impunidad es lo mismo. Hemos pasado del ‘acátese pero no se cumpla’ a la persecución de las personas juzgadoras».
En tanto, la senadora Guadalupe Murguía, jefa de la bancada del PAN, dijo que fincar responsabilidades desde la cúpula del oficialismo es muy delicado.
«Se están refiriendo a la suspensión que otorga esta juez de Distrito de Veracruz, pero en el proceso de aprobación de la reforma al Poder Judicial, leyes secundarias, las insaculaciones y todo esto, ha habido más de 140 suspensiones que diversos jueces de Distrito en varias partes han emitido.
«Y es delicado que la reacción sea dar parte al Consejo de la Judicatura para fincarle responsabilidades, ya sean administrativas o penales, a una juez que emite una resolución según su propia convicción. ¿Por qué? Por que en el PJ hay medios de impugnación. Si una resolución que emite unajuez de Distrito no es del agrado de la parte afectada, hay medios de impugnación», expuso.
La panista indicó que por eso se oponen al Tribunal de Disciplina Judicial, ya que pretende estar al pendiente de las resoluciones que emitan los jueces.
«Y cuando esto sea contrario a los intereses del oficialismo, fincarles responsabilidades, penales o suspensiones. Y esto afecta gravemente la autonomía que be tener un juez o ministro», advirtió.