CIUDAD DE MÉXICO. De las 70 suspensiones que han otorgado jueces para frenar la organización de la elección de ministros, magistrados y jueces en junio del 2025, el INE solamente ha recibido nueve notificaciones.
En la mayoría de ellas se advierte que, de no hacerlo, habrá sancione de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
La semana pasada, la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, aseguró que una vez que fueran notificados tomarían una decisión.
Sin embargo, los consejeros no se han reunido para debatir el tema, pese a que en las notificaciones se le da al INE un plazo de 24 y 48 horas para atender.
En todos los documentos que han llegado a la Oficialía de Partes del Instituto la petición es la suspensión provisional o definitiva que garantice que:
«El Consejo General del Instituto Nacional Electoral se abstenga de Implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, así como tampoco emita acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025».
Por ejemplo, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México también ordena a la Cámara de Diputados no realizar las adecuaciones a las leyes federales de la reforma al Poder Judicial, las cuales tendrían que estar antes de diciembre.
Mientras que a las Legislaturas locales les demanda abstenerse de adecuar sus constituciones.
«Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en el presente incidente.
«Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos», indica.
En las notificaciones se argumenta que la suspensión protege los principios constitucionales de progresividad, retroactividad, acceso a la justicia, seguridad jurídica, autonomía e independencia judicial, así como «la división de Poderes y República».
En otras notificaciones únicamente se ordena que la reforma no aplique a determinados juzgadores.
El Juzgado Noveno de Distrito en Morelos ampara a cinco magistrados de distrito.
«Pretender aplicar a las magistradas y al magistrado que adquirieron el derecho a la inamovilidad conforme a la anterior disposición Constitucional, la nueva norma que proscribe ese derecho, así como a tener una remuneración no disminuible, se estarían aplicando estas últimas retroactivamente en su perjuicio en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional.
«Que los quejosos no sean removidos de su encargo, ni cambiarlos de los órganos a los que estén adscritos, con motivo de la reforma reclamada, ni sean incluidos en el listado que el Senado debe enviar al Instituto Nacional Electoral», indica la suspensión.
En otras notificaciones más, los juzgadores lanzan duras críticas sobre la reforma electoral, que la señalan de estar supuestamente basada en ataques de odio y desprestigio, y atenta contra la dignidad humana de los juzgadores, pues califica a todos de «corruptos».
«Por ello, cuando se advierte una afectación a la dignidad (honor) de los justiciables, al ser un derecho humano inherente a la persona, el mismo debe ser objeto de mayor protección y garantía por parte del Estado», advierte otro juez de Colima.