Minería a cielo abierto, financiamiento y evaluación
No es tan fácil. Hace más de tres décadas, el financiamiento de proyectos de grandes inversiones solo eran evaluados en lo económico, pero eso cambió a raíz de problemas que generaban desigualdades sociales en las comunidades y poblaciones afectadas, pues no percibían compensaciones justas a los ingresos por el uso o extracción de recursos naturales.
Son recientes las disposiciones para que los financiamientos que tengan que ver con recursos naturales y su impacto social y ambiental, sean evaluados con la participación social en poblaciones, que incluyen pueblos indígenas.
Los múltiples problemas por la negligencia de gobiernos y empresarios, con la falta de información y retribuciones a las comunidades, ocasionaron que los pobladores de los sitios donde se instalan proyectos económicos, como minería a gran escala, presas para abastecimiento agrícola y urbano, equipos de energía eólica o solar, muestran reticencia a estas obras.
Sobre todo ante la falta de comunicación temprana sobre la utilidad o beneficios de los proyectos de inversión, públicos o privados.
Y con justa razón de los pobladores, porque no ven ni saben qué beneficios le atraerán; por ejemplo, en el caso de la minería, los volúmenes e ingresos por venta de los metales se considera como un gran secreto de las compañías (más las extranjeras).
Peor ha sido que los gobiernos federales y estatales no obligan en la ley a conocer los estados que guardan las reservas de los minerales. La defensa de las compañías mineras se escuda en que cotizan en la bolsa. Sabemos que hubo gran opacidad en el pago de impuestos en los años antes de 2018.
A pesar de que el impuesto a la minería tenía el objetivo de apoyar la infraestructura de las poblaciones mineras, regularmente de bajos ingresos, con Rosario Robles existió opacidad y dañó la aplicación del recurso.
Para dar certeza a inversiones con reglas de sustentabilidad y apoyo social, en abril de 2003 nace la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés ).
Los bancos aplicarán los principios de manera global en todos los sectores industriales, los cuales se basan en las políticas y guías del Banco Mundial y de la IFC.
El 4 de junio de 2003, por análisis y discusión de instituciones financieras basados en las convenciones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), se crean las directrices para financiar proyectos mayores a 10 millones de dólares, al establecer los Principios de Ecuador.
En el reporte de la IFC 2023 señala que trabaja en más de cien países. En México conocemos que Banorte y la internacional Black Rock aplican para los créditos los Principios de Ecuador.
Abreviando los lineamientos, que son extensos, éstos señalan: “La preocupación constante por el desarrollo sostenible es el hecho por excelencia de las últimas décadas. Los empresarios han reiterado su preocupación por la creación de valor sostenible.
“El sector financiero ha apostado por las prácticas de gestión social, ambiental y económica en los últimos años. Las Instituciones Financieras de los Principios del Ecuador (EPFI, por sus siglas en inglés) reconocen que los pueblos indígenas pueden representar segmentos vulnerables de las comunidades afectadas por los proyectos.
“Todos los proyectos que afecten a los pueblos indígenas estarán sujetos a un proceso de consulta y participación informada, y deberán cumplir con los derechos y protecciones para los pueblos indígenas contenidos en la legislación nacional pertinente, incluidas las leyes que implementan las obligaciones del país anfitrión en virtud del derecho internacional”.
Así que, sin cumplir con los objetivos de proteger a la sociedad, en la minería, sea a cielo abierto como subterránea, no hay crédito.
TAPANDO HOYOS
Podríamos decir, como muchos expertos, que sabíamos que el ex presidente López Obrador conocía lo que habían hecho con los recursos para mantenimiento de carreteras en los estados: les disminuyó los recursos federales. Proteger la corrupción de sexenios anteriores afectó al presupuesto.
A ver cómo nos va a Zacatecas con el programa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Bachetón, cuyo objetivo es conservar las carreteras federales con acciones como tapar baches, renivelación, deshierbe y limpieza de obras de drenaje.
Habrá 4 mil millones de pesos para restaurar 44 mil 574 kilómetros de carreteras federales.
Esperemos que los funcionarios del actual gobierno dejen el sueño de los justos.