Entre la ignorancia, la incapacidad y la perversidad
Uno de los asuntos públicos que tomó mucha fuerza y trascendencia en los últimos años es la transparencia en el manejo de los recursos públicos, por parte de los diferentes entes que componen la administración de México y su eventual efectividad. Dicho de otra forma, también puede entenderse como el buen uso del dinero público.
Esto es así porque entre otras cosas que evolucionaron positivamente desde el ojo de la ciudadanía está el seguimiento al gasto público, debido a la importancia que éste tiene para el desarrollo en diferentes expresiones, tales como el social, el económico o el ambiental, por citar algunos.
Un caso de revisión particular es el relacionado con los municipios del país. En términos de la organización del Estado mexicano, la Constitución los señala como la célula básica de la organización político-administrativa en nuestra República, dotándolo de responsabilidades específicas a través del artículo 115.
Gestionar una unidad política, económica y administrativa como un ayuntamiento no es fácil en la actualidad, ya que es altamente probable que estos entes tengan hoy en día una situación financiera difícil debido a malos manejos, omisiones, descuidos o decisiones equivocadas.
El escenario para las alcaldías y sus autoridades se vuelve oscuro cuando existe una combinación de circunstancias que limitan su potencial económico, pues a partir de la falta de liquidez y los compromisos financieros derivados de otras administraciones, se genera un estrés presupuestal que limita enormemente la posibilidad de que se ejecuten acciones, planes, programas y demás que impacten significativamente a la población y al territorio.
El triángulo que forman el Cabildo, los funcionarios y los grupos de presión es la figura que define las prioridades y alcances que tendrá el ente público en el ejercicio de gobierno.
No obstante, para ello la información veraz con la que cuenten derivado de un proceso de entrega recepción sólido, transparente, profesional, certero y entendible será el elemento clave a partir del cual se podrían realizar nombramientos de personas altamente capacitadas, para entender la dimensión de la responsabilidad administrativa de áreas.
Entre ellas, por ejemplo, las tesorerías, pues son las que ejecutarán-o no-determinadas acciones que impactarán estructuralmente, en el mediano y largo plazos, por medio del gasto.
Una de esas decisiones que impactan estructuralmente es la omisión del cumplimiento de obligaciones contractuales como el pago de impuestos, la cobertura de seguridad social de trabajadores, la excesiva nómina, el pago a proveedores y la energía eléctrica, por citar algunos.
No hay que olvidar que lo que se deja de pagar en un momento determinado genera posteriormente un aumento derivado de intereses, multas, recargos, actualizaciones y otras figuras que las normatividades contemplan, para que lo que no se cumplió pueda hacerse de tal manera que no exista un perjuicio a quien se le debe, y sí una especie de castigo al deudor (el municipio).
Es por ello que los roles que juegan diferentes autoridades administrativas son fundamentales en el presente, pues conllevan la responsabilidad de tomar decisiones incluso contrarias a determinados deseos políticos, con el propósito de no comprometer a una administración futura.
Este concepto general se le conoce como sustentabilidad y puede tener una aplicación en diferentes materias como lo económico-financiero, ambiental, sociológico y hasta laboral, pues derivado de malas prácticas hoy en día, los municipios viven situaciones precarias en las que en algún momento se les tiene que poner un alto para que no siga esa bola de nieve perjudicial hacia los habitantes de una demarcación territorial municipal.
Dicho de otra manera, esa sustentabilidad en el ejercicio de gobierno se relaciona con poner un alto a la ignorancia, la incapacidad y la perversidad que puede permear los municipios, para empezar a sembrar las buenas prácticas que en el futuro le darán mejor perspectiva a la demarcación y a su gente.
En el pasado muchas autoridades locales obraron de mala fe, fueron engañadas o tomaron determinaciones con graves consecuencias para el ayuntamiento, y es posible que veamos a esos funcionarios sin afrontar un proceso de índole administrativo o incluso penal que contemple el resarcimiento de los daños que se causaron durante sus gestiones.
Pero independientemente de eso, el que antes no se hicieran determinadas cosas (resolver problemas) o no se cumplieran con compromisos contractuales (evitar pagar hoy y “que lo resuelva el que venga más adelante”), o que no haya castigos para los que comprometieron la viabilidad financiero-administrativa de un municipio, no significa que no tenga que corregirse la situación.
Esa labor de sacrificio de autoridades actuales no será reconocida en la inmediatez e incluso puede haber señalamientos por inacción, pero estoy seguro de que, a la postre, en futuras administraciones -con buenos funcionarios-, los municipios recuperarán su esencia y efervescencia, y lograrán darle la vuelta al cochinero que pudieron haber dejado funcionarios de otras administraciones.
En algún momento tiene que haber cordura, sacrificio y mucho trabajo, porque debe haber un alto para no seguir nadando en una cloaca…
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales
con orientación en Administración
Pública, UNAM
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