ZACATECAS. Especialistas y representantes ciudadanos advirtieron que frente a la reforma que extingue órganos autónomos se deben garantizar los derechos que están en riesgo, como el de acceso a la información, pues preocupa que el gobierno sea juez y parte.
Este martes, en el segundo día de la Semana Nacional de Transparencia 2024, Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), advirtió de lagunas en la iniciativa.
En un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su visita a Zacatecas, le explicó que de 7 mil 500 sujetos obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), corresponden solo 270 al gobierno de México.
La PNT, recalcó del Río Venegas, es la base de datos más grande del país, con más de 15 mil millones de registros. “Al llevársela a una secretaría del Poder Ejecutivo, no va a poder porque no puede llevarse los datos de los demás poderes e instituciones”.
Ante la desaparición del Inai, declaró: “Lo que puede morir es una institución, pero no el acceso a la información ni la protección de datos personales porque son derechos humanos. Lo que es nuestro hay que cuidarlo”.
Argumentó que la preocupación es porque el Poder Ejecutivo, al controlar el acceso a la información e incluso nombrar a contralores, como hace 22 años, se convierta en juez y parte.
Insistió en que el gobierno federal requiere de un órgano técnico especializado para la PNT y urge revisar quiénes serán los responsables del manejo de los datos personales. El Inai analiza apelaciones, aclaraciones y quejas de los usuarios, “por negativas de información por parte de las dependencias federales”.
Del Río Venegas confió en que Sheinbaum Pardo analice los riesgos que conlleva desaparecer este organismo descentralizado y afirmó que mostró apertura, “que quiere hacer las cosas bien para que no choquen normatividades”.
Por ello, la presidenta le solicitó información que entregará hoy a Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública, para ser analizada por el Poder Ejecutivo.
Incertidumbre
Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del observatorio ciudadano, destacó que el tema de fondo es rescatar el derecho de acceso a la información.
Consideró que, aun cuando se aplique la reforma federal, “tenemos que tener un organismo garante”, pues actualmente no está en la agenda la discusión de qué pasará fuera de lo que maneje el Poder Ejecutivo.
María de Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, coincidió con que queda en incertidumbre cuáles van a ser las competencias de las instituciones si “se desmantela el Sistema Nacional de Transparencia”.
Reprochó que “hay un retroceso en toda la región latinoamericana” en esta materia, sin embargo, reviró que las alianzas ciudadanas serán claves y “vamos a tener la información, nos vamos a enterar”.
Se debe estar alerta, reiteró Guillermo Cejudo Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ya que “no es la desaparición del Inai lo que está en juego, sino el modelo de un derecho que respondía a un problema público. Es la batalla que dar”.
Evaluó que esto provocará desigualdades por criterios diferenciados. Concordó en que “no es cierto que una secretaría pueda absorber todas las funciones”.
Agregó que “enfrentamos un riesgo real porque a los gobernantes que han encontrado formas de darle la vuelta al acceso a la información se les devolverá la responsabilidad de garantizar nuestros derechos”.
El derecho a la información, puntualizó, “no es una concesión generosa de los gobernantes, es una conquista ciudadana; no basta con que nos digan: no se preocupen, vamos a ser muy transparentes”.
Golpe a ciudadanía
Salvador Romero Espinosa, comisionado Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), desmintió que se trate de un tema presupuestal, pues argumentó que los órganos de transparencia “cuestan 7 pesos al año a cada mexicano”.
En el esquema que se plantea, precisó, se requerirían 24 mil funcionarios para tutelar los derechos que corresponden, “cuando actualmente no son ni 2 mil”. Eso “sería si la reforma va en serio, si no, nos están dando atole con el dedo”.
Calificó como la iniciativa como una “venganza política” y que “judicializa el derecho a la información, además de ser un duro golpe al federalismo mexicano”.
Marco Flores Zavala, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), alertó que “se están modificando y contrayendo derechos constitucionales, humanos, reconocidos internacionalmente, que fueron conquistados paulatinamente desde el siglo XVII (17)”.
Sin “mecanismos que deben tener los ciudadanos para contener la violencia de gobierno o funcionarios”. Expuso que “una ciudadanía sin acceso a la información pierde valor para la actuación y la autonomía y se fortalecería una democracia de un líder, sea cual sea su nombre”.