CIUDAD DE MÉXICO. El último reducto de la protesta contra la reforma judicial finalmente cedió y reanudará sus labores el 11 de noviembre, casi tres meses después de que inició el paro.
Se trata del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, uno de los más emblemáticos del Poder Judicial, donde operan 63 tribunales y juzgados en materias civil, mercantil, laboral, de extinción de dominio y auxiliares.
Pese a que la gran mayoría de los órganos reanudaron labores desde el 28 de octubre, el personal de San Lázaro mantuvo el paro iniciado el 19 de agosto, a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia para invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular, misma que finalmente no se logró.
Hoy, los seis coordinadores de jueces y magistrados, que son los patrones en el Palacio de Justicia, se reunieron con los empleados.
«Se llegó al consenso de que el lunes 11 de noviembre de 2024, se reanudará la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales, ello con la finalidad de preparar adecuadamente el regreso a las labores, lo que implica la reanudación de los plazos y términos procesales a partir de esa fecha», según el acuerdo.
«Por tanto, de manera conjunta, los titulares y trabajadores reiteramos nuestro compromiso con la sociedad en brindar un servicio público que consagre los principios de independencia judicial y división de Poderes como garantes de nuestro estado de derecho y la democracia», agregaron.
Desde el 23 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió que todos los tribunales del País tenían que volver a sus labores, con instrucciones a los titulares para verificar la asistencia, descontar salario a los faltistas, y solicitar ayuda de personal de seguridad para acceder a los inmuebles.
En San Lázaro, los empleados se han estado presentando y se les ha tomado lista de asistencia, pero sin ingresar al edificio, que policías capitalinos mantienen rodeado, para aislarlo de la sede de la Cámara de Diputados.
Cifras oficiales del CJF indican que, durante el inédito paro de labores, se dejó de tramitar el 97 por ciento de los expedientes que usualmente recibe la justicia federal, pues solo se admitieron asuntos clasificados como urgentes.